La Caja Costarricense de Seguro Social anunció este jueves que con la reforma aprobada al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte podrán dar sostenibilidad a ese fondo hasta el 2050.
Hasta ayer, la institución había advertido que si no se tomaban medidas drásticas el fondo de pensiones más grande del país, con cerca de 1.5 millones de contribuyentes, colapsaría en 2037.
Los cambios aprobados apuntan a eliminar la pensión adelantada para hombres y aumentarla para mujeres, de manera que la edad mínima de retiro para los primeros será de 65 años y para las segundas 63, todo esto a partir de finales de 2023 o inicios de 2024.
Además, se varió la fórmula de cálculo de la pensión, que aumentará de 20 a 25 años, y se cambió la cuantía adicional, que es el porcentaje que se sumará al monto final de jubilación y que ahora se contabilizará a partir de las 300 cuotas (25 años).
Pero, ¿es esto suficiente?
“Yo creo que las cifras que presenta la CCSS son muy alegres. Ellos dicen que con esta reforma se llega al año 52, eso no es cierto. Rodrigo Arias, quien es actuario de la Escuela de Matemáticas y que hizo el estudio actuarial para la CCSS en el año 2016, indica que el régimen de agota en el 2026”, dijo el exsuperintendente de pensiones, Édgar Robles.
Según Robles, ese cálculo haría que las reformas presentadas lleguen demasiado tarde, pues los cambios surtirían efecto a menos de dos años del colapso del régimen.
Criticó, además, que los cambios empujarían aún más a los trabajadores, un riesgo que la propia SUPEN ya había advertido semanas atrás.
“Estos cambios golpean al trabajador, van orientados a hacer que las condiciones de acceso sean más complicadas y por lo tanto van a seguir empujando a las personas hacia la informalidad”, dijo.
Para Rocío Aguilar, actual superintendente, la reforma aprobada es “valiente” por haber logrado cambios que durante muchos años se intentaron sin éxito, pero insiste en que son apenas un primer paso hacia esa sostenibilidad.
“Hay que entender que también se trata de un balance entre lo técnicamente deseable y lo políticamente alcanzable”, dijo Aguilar sin detenerse a evaluar los cambios.
“En términos muy generales la decisión de la CCSS es positiva porque de alguna forma pretende aumentar la vida de la reserva y como se ha dicho es un primer paso necesario para poder seguir discutiendo a profundidad lo que debería ser la reforma de un sistema de pensiones que pueda aportar no solo sostenibilidad sino buena cobertura”, dijo.
Hasta dónde se extenderá la vida útil del IVM es algo que la SUPEN aún desconoce, pero con los cambios originalmente propuestos por la CCSS las estimaciones de la superintendencia ya eran mucho más conservadoras que las de la institución, con una expectativa nueve años menor a la anunciada (2044).
“Por supuesto que hay una serie de arreglos que podría hacer que la reserva pueda persistir por más años (…) Vamos a hacer una revisión de la estimación al año que aportó la CCSS para verificar la consistencia para esa fecha, pero lo cierto se ganó el tiempo necesario para empezar la discusión de fondo y que debe empezar ya”, finalizó Aguilar.