Fiscalía investiga a gerente de ESPH y a Celso Gamboa por tobilleras electrónicas

El gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Allan Benavides Vílchez, así como Celso Gamboa Sánchez y dos personas más, de apellidos Víquez Chaverri y Rothe Vallesilla, son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción les abrió una causa (18-000094-1218-PE) por los contratos que obtuvieron del Estado para poder brindar el servicio de tobilleras electrónicas a privados de libertad.

Al parecer, existieron irregularidades en el otorgamiento de la licitación a la ESPH por parte del Ministerio de Justicia.

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​“Esta Fiscalía nunca remite la identidad de las personas investigadas hasta que a estas se les tome la declaración indagatoria; dado que ya se cumplió con esta diligencia, se confirma que los señores Gamboa Sánchez, Víquez Chaverri, Rothe Vallesilla y Benavides Vílchez figuran como imputados por el presunto delito de tráfico de influencias”, señaló el Ministerio Público.

Según la investigación, Gamboa Sánchez y Víctor Hugo Víquez, quien fue diputado entre 2010 y 2014, habrían recibido y realizado favores a Grupo Cesa y la ESPH para obtener la licitación.

Grupo Cesa es una empresa de Big Data que brinda servicios de seguridad bajo herramientas que facilitan la adopción de nuevas tecnologías, en este caso, las tobilleras electrónicas para reos. El sujeto investigado, de apellido Rothe, es el director General de Grupo Cesa.   

“Debido a que el expediente sigue en investigación, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles, puesto que la fase actual del caso es privada”, indicó la Fiscalía.

Teletica.com le consultó a la ESPH sobre la situación que enfrenta su gerente general y esta fue la respuesta:

“La ESPH S.A. reafirma su posición y garantiza la absoluta transparencia y legalidad con la que se llevó a cabo la contratación administrativa del Servicio de Monitoreo Electrónico de Personas en Conflicto con la Ley en el año 2016”.

“Cabe recordar que la ESPH S.A, junto con otros entes públicos, participó en un proceso concursado abierto, profundo y extenso, en el cual la solución presentada por la ESPH S.A. cumplió en todos sus extremos con los parámetros de funcionalidad operativa, técnica, servicio y precio que cartelariamente fueron definidos”.

Desde el año 2017, el Ministerio de Justicia y Paz utiliza tobilleras electrónicas para tener un mejor control de los privados de libertad que las reciben.

Según información de esa cartera, actualmente 1.700 privados de libertad utilizan las tobilleras electrónicas; el actual sistema que se utiliza le cuesta al Estado unos $12.5, mientras que el anterior costaba unos $17 por cada tobillera.

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