Fiscalía: Desde 2023, directivos de CCSS usaron sus cargos para "dirigir" adjudicación de Ebáis

Desde febrero de 2023, varios de los miembros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ejercieron "controles" sobre las gerencias de la institución, para "vigilar" y "dirigir" el cartel para la tercerización de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.

Esas intervenciones presuntamente se prolongaron por más de un año, hasta que en julio de 2024, la cúpula de la institución administradora de los hospitales públicos contrató los servicios médicos para esos establecimientos a cuatro cooperativas y una asociación.

Las supuestas injerencias forman parte de la base por la que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública acogió una solicitud de requisa, allanamiento, registro y secuestro, planteada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en el expediente 24-000267-1218-PE, conocido policialmente como caso Barrenador.

Dicha resolución, de la que Teletica.com tiene copia, fue emitida el 18 de setiembre pasado por el juez Manuel Morales Vásquez y se compone de 99 páginas.

En ella se menciona una serie de hechos investigados por el Ministerio Público, que ocurrieron en el periodo en cuestión y que se le achacan a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel. También se les atribuyen a los directivos María Isabel Camareno (Gobierno), Jorge Porras (Gobierno), Zeirith Rojas (patronos) y Johnny Gómez (patronos), además de los exrepresentantes del sector patronal ante ese órgano, Roberto Quirós y Jorge Araya.

Todos ellos figuran como sospechosos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.

Mientras tanto, se mantienen detenidos en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el cierre de esta publicación, a la espera de que se resuelva una audiencia de medidas cautelares.

"Ejercieron control activo"

"Del análisis antes referido, se logró establecer que (...) los aquí encargados con plena coordinación y común acuerdo, llevaron a cabo acciones mediante las cuales ejercieron un control activo sobre la elaboración del cartel para la Licitación 2023LY-000002-0001101142, ya que, prevaleciéndose de su cargo y posición jerárquica, emitieron acuerdos que les permitió vigilar el proceso de elaboración del pliego, al ordenarse expresamente que el equipo encargado debía enviar el borrador del cartel a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva para su análisis previa publicación.

"Durante la tramitación de este procedimiento de compra, los encartados utilizaron maniobras tendientes a dirigir la contratación de modo que produjeron un resultado determinado lesivo al interés público", menciona la orden de allanamiento.

Se menciona, por ejemplo, que el 9 de febrero de 2023 se designó una Comisión de Cooperativas que, el 20 de marzo siguiente, recomendó no adjudicar y anular una licitación previa, la 2021CD-000003-0001102299, sin señalar vicio alguno y en virtud de múltiples discrepancias de los oferentes.

La sugerencia finalmente fue acogida por la Junta Directiva, ese mismo día, que además ordenó a las gerencias Médica y de Logística la elaboración de un nuevo pliego de condiciones, que corrigiera una serie de deficiencias y objeciones previas a la Comisión de Cooperativas para su análisis.

"De ahí que, como resultado de este acuerdo, la Junta Directiva con la intención de influir en las funciones propias del equipo intergerencial que elaboraba el pliego de condiciones para la licitación en cuestión, (...) les suministró un documento sin firmar con una serie de recomendaciones que la Junta Directiva quería que se contemplaran para la elaboración del cartel las cuales pretendían quitar controles y beneficiar a los proveedores", se extrae de la resolución.

Se precisa, a su vez, que Quirós en apariencia solicitó el 19 de abril de 2023 al grupo técnico que se le presentara una versión final del pliego de condiciones para su revisión y análisis.

El 8 de mayo del 2023, la cúpula instruyó a las gerencias en cuestión la presentación del borrador del pliego de condiciones para su validación, previa publicación.

Diecisiete días más tarde, las áreas hicieron el traslado a la Presidencia Ejecutiva, que "realizó observaciones a mano para que fueran revisadas" por el equipo intergerencial.

El 8 de junio de 2023, una vez revisado el pliego de condiciones para la licitacitación por parte de Esquivel, la Comisión de Cooperativas, emitió la Justificación del Procedimiento Licitatorio para la adquisición de servicios de primer nivel de atención en salud para 10 áreas de salud.

Once días después, se publicó el procedimiento 2023LY-000002-0001101142 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por un monto total de ¢616.178 millones.

El 2 de noviembre de 2023 se abrió la recepción de ofertas y el 14 de marzo de 2024, la Junta Directiva, al aprobar una moción de Esquivel, acordó avocarse la adjudicación.

Denuncias posteriores

El documento resalta que la pesquisa en cuestión se inició el 11 de julio anterior, luego de que la Auditoría Interna de la entidad que vela por la seguridad social remitiera al Ministerio Público el informe AI-1099-2024; mismo que fue dado a conocer 11 días más tarde por Telenoticias.

Dicha pieza fungió como una noticia criminis y se complementó con una denuncia presentada el 5 de agosto por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE); mediante las cuales se inició la persecución de actuaciones presuntamente anómalas.

A modo de "hipótesis fáctica", se menciona que la Fiscalía logró establecer "en grado probable una serie de actos irregulares en torno al interés evidenciado" por parte de la Junta Directiva, "para ejercer control" sobre la compra de servicios para el primer nivel de atención en salud.

Esto "con la finalidad de que se elabore un cartel que satisfaga los intereses de los oferentes, y además, forzar resultados distintos a los criterios técnicos en aras de dar una apariencia de legalidad a lo actuado, al apartarse del principio de menor costo y adjudicar a los oferentes sobre precios excesivos, lo cual deviene contrario al resguardo del interés público".

Tal situación —de quedar en firme la adjudicación— un sobreprecio por ¢12.400 millones anuales, estimó el fiscal general de la República, Carlo Díaz, el lunes, al referirse a las diligencias ejecutadas en 28 puntos.

La Caja de Seguro Social en su momento defendió el procedimiento en cuestión y aseguró que el mismo incluso contempló los descuentos ofrecidos por varios proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones. Los últimos, en cambio, sostienen que superaron la licitación de forma transparente.

Sobre los allanamientos y la detención de Esquivel, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, denunció un "abuso de poder" por parte del Ministerio Público.

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