La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ajustó la licitación para administración de 138 equipos básicos de atención integral de salud (Ebáis) y 10 áreas de salud a los intereses de las cooperativas que resultaron adjudicadas.
Esa es la hipótesis que manejan la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una investigación que persigue una serie de supuestos sobreprecios en el procedimiento en cuestión.
"Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación, se causa un perjuicio al Estado de más ¢12.400 millones al año", explicó el fiscal general Carlo Díaz.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público expuso que en apariencia los imputados anularon un procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual se cree que ejercieron controles y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco "eran excesivas".
Esto por cuanto representaban un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio, en ejecución en las mismas áreas de salud, en igualdad de condiciones técnicas. Es decir, que estos serían más costosos de lo que invertiría la Caja si tuviera que asumir el servicio.
La Fiscalía señaló que, presuntamente, miembros de la Junta Directiva sostuvieron reuniones con oferentes en el proceso, lo cual pudo haberles generado una "ventaja indebida".
Por su parte, el informe preliminar de la Policía Judicial apunta que directivos no precisados hicieron aportes con la finalidad de modificar las condiciones del cartel.
El Organismo de Investigación Judicial menciona además que existe un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja, que concluyó que el nuevo contrato para la administración representa un incremento del 33%, si se compara lo que representaría para la institución el brindar el servicio.
Lo anterior contraviene el "principio de menor costo", que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud, puntualizó la Policía Judicial.
El Ministerio Público también indaga sobre el plazo del servicio adjudicado, ya que la Ley General de Contratación Pública dispone que el periodo ordinario para un convenio de este tipo no debe superar los 4 años y, en el caso concreto, se confirió por 10.
Por este caso, la Fiscalía de Probidad detuvo a la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, así como otras personas de apellidos Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
Estos últimos siete corresponden a funcionarios actuales y anteriores de la Caja de Seguro Social, aunque sus puestos no han sido precisados.
Todos figuran como sospechosos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Sobre el particular, el asesor legal de la Junta Directiva de la Caja, David Valverde, explicó que la institución se ha puesto a las órdenes del Ministerio Público y el Organismo de Investigación, al facilitar el acceso a las oficinas y los dispositivos electrónicos requeridos en el marco de la pesquisa; esto con el objetivo de que "la situación sea esclarecida conforme corresponda".