El creciente número de casos de violencia en centros educativos del país llevó a la Fiscalía a anunciar, este lunes, el despliegue de una estrategia para intentar ponerle freno a la situación.
Según el Ministerio Público, en menos de tres meses las causas abiertas en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil por hechos de violencia en centros educativos alcanzaron los 213 casos, 95 de estos solo en la semana del 17 al 24 de marzo.
Según la fiscala coordinadora de ese despacho, Elizabeth Esquivel, esa estadística evidencia un fenómeno de “normalización de la violencia” entre la población menor de edad, que es precisamente lo que obliga a desplegar acciones.
Esquivel explicó que la estrategia incluyó, este lunes, una reunión con jefaturas de las delegaciones de Fuerza Pública, coordinaciones con personal fiscal especializado en materia penal juvenil y acercamientos con instituciones claves, como el Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia.
“Con el personal fiscal se estableció un plan de trabajo, que incluye la identificación de los casos de violencia, priorizar los centros educativos con mayor incidencia, para que los podamos abordar con mayor prontitud, e identificar los centros donde no se están presentando las denuncias ante el conocimiento de un hecho de violencia”, aseveró.
Esquivel precisó que los hechos denunciados en las últimas semanas configurarían desde contravenciones hasta delitos, por ejemplo, lesiones levísimas, amenazas personales y provocaciones a riña, así como amenazas agravadas, agresiones con arma y portaciones de arma.
“Cuando inicia la investigación, se aborda bajo un principio de legalidad, buscando cuáles son los elementos de prueba que se tiene en ese momento para determinar si esa conducta encaja o no dentro de uno de los tipos penales”, afirmó.
“Esto se realiza tomando en cuenta las edades de las personas, incluso la aplicación de procedimientos que cumplan con los fines de la Justicia Penal Juvenil: mínima intervención, interés superior de la persona menor de edad, pero también buscando la paz social”, explicó.
La fiscala recordó que el personal de los centros educativos está obligado a denunciar hechos de este tipo y que por eso se brindan charlas a funcionarios para fortalecer la importancia de la denuncia, que a su vez puede evitar mayores índices de violencia.
Quienes deseen interponer una denuncia o solicitar una de estas charlas en su centro educativo pueden comunicarse al correo fapjuvenil@poder-judicial.go.cr o el teléfono 2295-3959.