Fiscal de caso Gandoca-Manzanillo: Plan regulador amañado concreta “ecocidio gigantesco”

Por Yessenia Alvarado, Johan Domínguez y Paulo Villalobos.

Uno de los fiscales a cargo del caso asociado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo aseveró este miércoles que la tramitación y aprobación presuntamente irregular del Plan Regulador Costero de Talamanca concreta “un ecocidio gigantesco”.

Así lo hizo ver, la tarde de este miércoles, el representante del Ministerio Público, Luis Diego Hernández, en una entrevista con Telenoticias, un día después de que las fiscalías adjuntas de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como Agrario Ambiental, dirigieran 26 allanamientos bajo la sumaria 23-000250-1218-PE, que persigue los supuestos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

En esa línea, el funcionario aseguró que desde la Municipalidad de Talamanca se fraguó una supuesta “orquestación de voluntades” para un “negocio millonario”.

Hernández llamó a la estructura parte de una modalidad denominada como “criminalidad verde”. El fiscal explicó que este tipo de grupos están conformados por profesionales en Ciencias Naturales —como biólogos— quienes, en apariencia y junto a abogados, “generaron una serie de actos e informes falsos” para reducir la cobertura del área protegida.

"Estamos hablando que se sustrajo una cantidad importante de 188 hectáreas del refugio, pero que eran imprescindibles porque colindaban con zona marítimo-terrestre. Se sustrajo zona marítimo-terrestre con playas de un valor paisajístico increíble en mercados inmobiliarios. Y se sustrajeron las propiedades que estaban en territorio contiguo a esas zonas marítimo-terrestres para poder asegurarse todo un complejo urbanístico, que es lo que se va a desarrollar. Todo esto se ha dado a expensas de patrimonio natural del Estado, que ha venido desapareciendo.

"Ahora lo que viene es un ecocidio gigantesco que es la concreción de este plan regulador amañado y, justamente, lo que va a hacer la municipalidad (de Talamanca) es facturar. Porque la municipalidad ya incorporó ese terreno que es de todos, porque eso hay que tenerlo claro, este crimen genera injusticia social porque a estas comunidades se les va a privar de esos recursos, de los insumos, de estas poblaciones y de toda su vida cultura, aparte del daño ecológico que esto implica", expresó.

Mencionó que, por ejemplo, un lote de 2.000 metros cuadrados en esa región se cotiza en cantidades que son de difícil acceso para ciudadanos nacionales, pero de fácil acceso para extranjeros.

"El negocio no es la madera, el negocio es desaparecer estos ecosistemas que son el nicho de la flora y fauna silvestre que no van a tener a donde ir. Esto es un negocio millonario a expensas de estas comunidades", enfatizó Hernández.

Según el fiscal, tras las diligencias se solicitará ante un juez la suspensión del cargo de un geógrafo del ayuntamiento como medida cautelar mientras se le investiga por, en apariencia, haber tenido una “participación decidida” en la alteración de informes relacionados en al plan de ordenamiento territorial.

Las diligencias en el municipio, así como en oficinas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se mantiene en desarrollo todavía este miércoles.

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