Por Paulo Villalobos |20 de agosto de 2024, 21:45 PM

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) montaron una vigilancia este martes a la Casa Presidencial, en Zapote de San José, a la espera de "personas de interés" que, se supone, llegarían a una reunión en ese lugar.

Esta operación se dio en el marco de los allanamientos ejecutados por una trama de presunta corrupción en la tramitación y aprobación del Plan Regulador Costero de Talamanca y una supuesta tala ilegal en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanilla.

La presencia de los oficiales fue constatada Teletica.com durante la cobertura de una actividad convocada el lunes por la Unidad de Trabajadores de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca).

A su vez, la Fiscalía Adjunta de Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó a este medio que solicitó la presencia de los agentes "en razón de una información obtenida acerca de una supuesta reunión de alcaldes en la sede del Poder Ejecutivo".

El despacho, sin embargo, descartó que "las personas de interés"  se presentaran a la Casa Presidencial. No se indicó quiénes eran los sujetos que se requerían.

Los oficiales se mantuvieron al interior de un Toyota RAV4 negro, parqueado frente a la oficina de Correspondencia, en un anexo situado al costado este del edificio principal. Hacia el interior del vehículo era posible observar el logo del Organismo de Investigación Judicial en las camisas de los ocupantes.

Caso Gandoca Manzanillo

En el caso Gandoca-Manzanillo (expediente 23-000250-1218-PE), el Ministerio Público persigue los supuestos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

La pesquisa motivó un megaopetativo con 26 intervenciones simultáneas, incluida la vivienda del alcalde Talamanca, Rugeli Morales. Las diligencias también se llevaron a cabo en casas, oficinas de instituciones públicas y empresas en Limón, Siquirres, Talamanca, Santo Domingo, Curridabat, Tibás y San José.

Específicamente, se persigue una supuesta complicidad de intereses económicos dentro de la creación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca, para el otorgamiento de permisos de construcción dentro de una zona restringida. Lo anterior, según la Fiscalía y la Policía Judicial, provocó daños en bosques y humedales cercanos al refugio.

Las irregularidades aparentemente fueron pactadas por empresarios de la zona, además de servidores y exfuncionarios del municipio, Área de Conservación La Amistad-Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ACLAC-SINAC), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

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