La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) planteó una coadyuvancia, con la que pidió a la Sala Constitucional que ordene un presupuesto para la educación equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB).
Esta gestión constituye un complemento a un recurso presentado el 29 de julio pasado por representantes de las cinco universidades públicas y de secundaria contra la ministra del ramo, Anna Katharina Müller.
Desde hace más de una década, el Alto Tribunal ha advertido al Estado que los planes de gasto han incumplido lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Pública, así como el numeral 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, el órgano auxiliar, a su vez, pidió a los magistrados resolver la gestión antes del 30 de noviembre próximo, para que, por primera vez en la historia, el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa acaten la resolución previo a la aprobación del Presupuesto Nacional de 2025.
La Defensoría indicó que con su coadyuvancia pretende aportar nuevos elementos técnicos para un contexto más amplio del abordaje jurídico de la materia educativa, presupuestaria y de inversión social.
Por ejemplo, se indica que el informe presentado por el Ministerio de Hacienda no demostró que la cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar recursos al sector en los términos que establece la Carta Magna.
Se menciona a su vez una "preocupación importante" relacionada con el decreciente presupuesto asignado a la educación a lo largo de los años, lo que ha provocado un deterioro en la formación de estudiantes.
Cita el órgano el declive en los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), que arrojó calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias inferiores al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Se añade que, términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria, al tiempo que se puntualiza una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos y otra del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.
La Defensoría agregó que, de un análisis realizado a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023, se tiene que el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023. El motivo principal de esa no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal.