En medio de una creciente controversia, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) reiteró este martes la importancia de acceder a información crediticia detallada, incluso los números de cédula de los deudores, a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La autoridad monetaria sigue abogando por el uso de datos individuales para crear estadísticas más precisas, mientras que SUGEF se opone, citando restricciones en la divulgación de información sensible.
Según explicó el economista en Jefe del BCCR, Alonso Alfaro, desde su perspectiva "la información crediticia no debe ser clasificada como dato sensible, sino como información de interés público con acceso restringido"; en consecuencia, esto quedaría fuera del alcance del numeral 18 de la ley del Sistema Estadístico Nacional, que regula el acceso a los datos sensibles.
"En este contexto, la normativa establece que no se requiere un consentimiento informado, ya que se trata de fines estadísticos", puntualizó Alfaro.
En esta misma dirección, el representante del Central señaló que al acceder a datos individualizados, como el número de cédula, se busca enlazar diversas bases de datos para obtener información estadística más precisa. Por ejemplo, identificar créditos en áreas susceptibles a eventos climáticos, esencial para informes destinados a la OCDE.
“Sin ese identificador individual, y dadas las características de la información anónima disponible, no se puede vincular por ejemplo la actividad económica de los deudores, o su ubicación geográfica con las capacidad de crédito que se están evaluando”, explicó Alfaro.
Según dijo, esta vinculación de bases de datos que se pretende hacer incluiría información tributaria, así como información de empleo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Además, sostiene que solo se usaría para fines estadísticos y que se delimitaría las personas que tendrían acceso a la misma dentro del BBCR.
La superintendente de la SUGEF, Rocío Aguilar, comunicó el jueves anterior que el Central la ha denunciado penalmente por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad. Dicha denuncia está vinculada directamente a la falta de entrega de la información solicitada.
La reacción del Banco Central se da en medio de críticas por su solicitud de acceso a datos que se consideran sensibles; y las opiniones contrarias de entidades como la Asociación Bancaria Costarricense, la Uccaep, la Cámara de Bancos y el abogado especialista en datos personales, Mauricio París.
La Cámara de Bancos también menciona que recientemente el Banco Central de Costa Rica comenzó a exigir a las entidades bancarias y financieras que proporcionen los nombres, cédulas y montos de cada transacción cambiaria de individuos y empresas que adquieren divisas.
Según explicó el Central este martes, dicha solicitud responde a la necesidad de tener un análisis más específico del mercado cambiario, como por ejemplo el comportamiento de determinado tipo de participantes y los estímulos a los que responden.