Los números crecientes de homicidios, la disminución en incautación de droga, el empoderamiento de organizaciones criminales, la categorización como el país preferido por los narcotraficantes, según el Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos de los Estados Unidos, las víctimas colaterales y el encrudecimiento de los crímenes, entre otros, tienen a Costa Rica en medio de lo que expertos han llegado a titular como una crisis de seguridad.
Este jueves, en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, los diputados acordaron llevar al Plenario una propuesta para solicitar al Gobierno una declaratoria de emergencia por este tema.
Declarar estado de emergencia en Costa Rica es una potestad del Poder Ejecutivo, amparada en la Constitución Política, y comprende alcances como el régimen de excepción, la legalidad de actuaciones como mecanismos expeditos para compras e inyección de recursos contemplados en el Fondo Nacional de Emergencias.
Sin embargo, el pasado martes, después de una reunión entre representantes de los tres poderes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, indicó que esa medida no está sobre la mesa.
Pero, ¿qué cambiaría con una declaratoria de emergencia nacional a la hora de enfrentar la actual crisis de seguridad?
El abogado, criminólogo y experto en modelos de investigación criminal, Rogelio Ramírez, participó este jueves en el programa de 7 Días Radio, donde fue crítico de esta opción por considerarla como una actuación política más que pragmática.
"Si no existe articulación, no puede haber solución, es así de simple. Este país se ha caracterizado por ser un archipiélago institucional. Cada institución, por su lado, con su presupuesto, lo ejecuta o no lo ejecuta (...) En tanto no haya articulación del Estado, no habrá desarticulación de las organizaciones criminales", indicó el experto.
"Se ha hablado de decretar un estado de emergencia; vamos a ver... ¿Cómo podría ayudar ese papel? Para llamarlo de alguna manera. ¿Existen los recursos, la voluntad política, el consenso, existe la capacidad instalada en las instituciones para hacerle frente a esto? O simplemente es una forma de decir que algo se está haciendo y quedarnos simplemente a ras de la alfombra sin levantarla", criticó Ramírez.
Por su parte, Andrés Muñoz, expresidente del Colegio de profesionales en Criminología, parte de que la situación actual necesita de soluciones integrales y sostenidas en el tiempo.
"Las cárceles no dan abasto, los tribunales no dan abasto, no hay recursos, y este es un ciclo interminable, si el Estado no garantiza que una persona al nacer tiene garantizado el acceso a los factores básicos del desarrollo humano esto va a seguir toda la vida", explica el experto en crimonología.
"Yo no digo que el estado de emergencia esté del todo mal. Hay que ver qué planean y cuál es el modelo que pensarían instaurar, porque también, un estado donde hay cero tolerancia y un excesivo uso del poder, se puede volver muy abusivo, se puede volver contra los propios ciudadanos (...) Pero lo que es importante es el fortalecimiento de los policías, la parte investigativa, pericial, porque ya el delito está y hay que trabajarlo de alguna forma", comentó Muñoz.
Erick Villalba, criminólogo y experto en armas, considera que la declaratoria de emergencia podría ayudar en la dirección de recursos económicos a la policía.
“El tema de la inseguridad es una emergencia, y a veces es hasta peor, con consecuencias más catastróficas, que un desastre natural. ¿Qué es lo que necesitan nuestros oficiales de azul? Necesitan recursos, capacitación, más personal, mejores vehículos, mejores armas, y un montón de cosas que solamente se pueden solventar a través de dinero”, considera Villalba.