La presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, rechazó ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública haber favorecido de alguna manera a las cuatro cooperativas y la asociación a las que les fue adjudicada la administración de 10 áreas de salud, el 6 de julio pasado.
Su negativa la hizo en una declaración oral ante el juez Paúl Fuentes, el 27 de setiembre anterior, en el marco de una audiencia de medidas cautelares en la que finalmente se le impuso una suspensión del cargo de seis meses, mientras se le investiga por presunto tráfico de influencias, prevaricato e influencia contra la Hacienda Pública.
Las manifestaciones de la jerarca constan en la resolución que el decisor dictó el 10 de octubre anterior, de la cual Teletica.com tiene copia.
En su exposición, Esquivel refirió que desde su llegada a la institución administradora de los hospitales públicos del país, el 17 de setiembre de 2022, se vio inmersa en un "conflicto" con las organizaciones sindicales de la Caja, al tiempo que dijo que el primer nivel de atención "es fundamental", pero que poco se ha hecho para fortalecerlo.
"Mencionó que la Caja Costarricense de Seguro Social a nivel financiero es un desastre y por esta razón hay falta de confiabilidad en el sistema financiero, pero a lo interno no hay interés en que esta situación se resuelva", resalta la resolución.
Como muestra de lo anterior, se tiene que la institución todavía gestiona su planilla en formato Excel.
Sin embargo, es necesario recordar que desde la división financiera existieron dos informes que advirtieron de supuestos sobreprecios, lo que llevó a la Gerencia de Logística a recomendar a la Junta Directiva que la contratación se declarara infructuosa. Esa cúpula al final se apartó del criterio técnico.
"Respecto a la licitación, refirió que se pusieron 16 líneas de más y lo que se pretendía era dar una mejor solución, pues declarar un procedimiento administrativo infructuoso tiene sus responsabilidades y, además, el Área de Contabilidad de Costos le genera muchas dudas", acota el decisor en cuanto a la declaración.
Precisamente, esa fue una de las instancias que alertó de "precios excesivos" a pagar por los servicios cuestionados, como lo reseña la orden de allanamiento del expediente 24-000267-1218-PE, dada a conocer por este medio desde el 24 de setiembre pasado.
En ese sentido, la presidenta ejecutiva recordó que el proceso en cuestión se arrastró entre cinco y seis años, por lo que la Contraloría General de la República (CGR) otorgó un plazo de 18 meses para hacer la adjudicación.
De ahí que "se buscaron soluciones rápidas", según la jerarca.
Esquivel aseguró que las cooperativas "le ganan" en indicadores a los servicios ofrecidos directamente por la Caja y subrayó que estas entidades cumplen con los contratos que suscriben. Añadió que cuentan con el equipo adecuado para dar los servicios.
Bajo esa línea, señaló la necesidad de una revisión forense por parte de peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a fin de determinar si existen "problemas financieros" a lo interno de la institución.
También aludió a que el costo por persona atendida en las cooperativas es más barato respecto a la Caja, de manera tal que estas entidades "son más eficientes y baratas".
La presidenta ejecutiva achacó a "muchos actores" un esfuerzo para que la licitación de 2021 (que la Junta Directiva anuló sin siquiera mencionar vicios para ese fin) "no saliera y que se pegara". Sin embargo, fue con el archivo de ese procedimiento que la cúpula pudo poner en marcha uno nuevo, en el que se cree varios directivos intervinieron en múltiples ocasiones, en pro de los intereses de las cooperativas y la asociación adjudicadas, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público.
De la misma manera, justificó la ampliación de la duración del contrato de 6 a 10 años, ya que esto permitió "asegurar competencia", pues las cooperativas deben llevar sus equipos médicos para dar los servicios y, si el plazo era menor, la inversión sería poca frente a los gastos en los que los oferentes incurrirían.
Este punto es uno de los que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) cuestiona, pues mantiene que no se hizo la fundamentación requerida por la Ley General de Contratación Pública.
A su vez, alegó que no existe un criterio técnico que haya desacreditado el estudio hecho por la exdirectora de Proyección de Servicios de Salud y actual gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez, que fue el único que justificó la adjudicación.
"El costo excesivo fue por el costo adicional por haber incluido elementos adicionales. De esta manera, el informe de doña María Gutiérrez no se apartó del Estudio de Razonabilidad de Costos, solamente que no se tomaron en cuenta las bandas", mencionó el decisor en referencia a la jerarca.
Según la resolución, Esquivel sostuvo que la única finalidad del proceso fue satisfacer el interés público. En ese sentido, defendió que la decisión está debidamente fundamentada.
Teletica.com procuró conversar al respecto con el defensor de la presidenta ejecutiva, Edgardo García, pero este explicó que podía referirse al tema hasta el próximo viernes, una vez que se presentara formalmente la apelación de la suspensión dictada por el Juzgado Penal de Hacienda contra su clienta.