La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rebajará el salario a su presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, y a su gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez, mientras cumplen con la suspensión que les fue impuesta por el caso Barrenador.
Esta determinación la tomó la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la institución administradora de los hospitales públicos del país, a partir de un criterio legal que trascendió el 22 de octubre pasado.
La instancia indicó a través de su oficina de prensa que “se encuentra en los trámites administrativos y legales necesarios para proceder con el rebajo del salario de ambas funcionarias durante el periodo de la suspensión del cargo dictada por el juez (Paul Fuentes)”.
Esa decisión fue dada a conocer por el sitio de noticias El Observador y posteriormente confirmada a Teletica.com.
Una semana atrás, la Dirección de Administración y Gestión de Personal requirió una opinión a la Dirección Jurídica previo a tomar una decisión.
"Es posición jurisprudencial de la Sala Constitucional de que así como durante la prisión preventiva no se paga el salario (imposibilidad de asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad.
"Dicha posición resulta vinculante, según lo estatuido por el ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tesis es compartida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República", reza ese oficio GA-DJ-08518-2024.
Tanto Esquivel como Gutiérrez figuran como sospechosas de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato, en el expediente 24-000267-1218-PE que tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
En la causa también aparecen como investigados y suspendidos los directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas.
A todos se les atribuyen supuestas irregularidades asociadas con la compra de servicios médicos para 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud. Esto en aparente beneficio de cuatro cooperativas y una asociación médica privada, pues las ofertas que plantearon en la licitación incluían un aparente sobreprecio, según reveló el fiscal general, Carlo Díaz.
Dichos costos excesivos se estiman en ¢12.400 millones por año.
La posición de la dirección fue apegarse a la jurisprudencia constitucional de que, así como durante la prisión preventiva no se paga el salario, tampoco se debe pagar por otra medida cautelar que impida al trabajador asistir.