La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró, este jueves, estado de emergencia institucional por el hackeo de sus sistemas.
Entre las medidas de excepción autorizadas por la Junta Directiva, que se podrán ejecutar a partir de este momento, están la posibilidad de reforzar el recurso humano, aplicar mecanismos de contratación administrativa de excepción amparados por ley y acceder a recursos financieros adicionales para la resolución de incidentes directamente ligados con la emergencia.
La entidad también instruyó a mantener en operación los Centros Coordinadores de Operaciones (central, regionales y locales) y a aplicar los mecanismos de excepción requeridos para la continuidad de los servicios.
Según explicó el doctor Mario Vílchez Madrigal, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) de la CCSS, “la decisión se tomó con base en que existe una declaratoria de emergencia nacional en todo el sector público debido a los ciberataques que han afectado la estructura de los sistemas de información, que la CCSS ha sido víctima de estos ciberataques, especialmente en la madrugada del 31 de mayo, y que se tuvo que realizar la desactivación controlada de los servicios informáticos institucionales desde ese mismo día”.
“Cuando se presentan situaciones de emergencia debido a eventos imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, las unidades de la institución deben garantizar la continuidad de los servicios que presta la institución. Estas medidas vienen a contribuir con esa responsabilidad”, agregó el doctor Vílchez.
Según el funcionario, “esta declaratoria viene a contribuir con las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento en que inició el ciberataque. Es importante recalcar que la Caja comenzó la atención de esta emergencia en el momento mismo en que empezó el ciberataque, aplicando los procedimientos de respuesta inmediatos que se tienen establecidos”.
Este estado de emergencia se mantendrá vigente hasta que las autoridades de la institución consideren que existe una normalización en los procesos administrativos; así como en la prestación de servicios de salud y financieros.