POR Paulo Villalobos | 24 de septiembre de 2024, 12:06 PM

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sesionará a partir de las 5:00 p.m. de este martes, pese a la detención de más de la mitad de sus miembros por el caso policialmente conocido como Barrenador.

Esto se hará mediante una figura excepcional denominada "funcionario de hecho", que permite discutir asuntos de urgencia sin el quórum estipulado en la Ley Constitutiva de la institución administradora de los hospitales públicos del país.

Así lo anunció la representante sindical ante la cúpula de la Caja, Martha Rodríguez, en una entrevista con Teletica.com.

La directiva explicó que la sesión será presidida por el integrante de mayor edad, ante la ausencia de la titular, Marta Esquivel.

En la sesión estarán además los asesores legales del órgano y los gerentes de área de la institución.

Como único tema en la agenda, se discutirá hacer un llamado al Consejo de Gobierno para que designe a la mayor brevedad posible al sustituto de su representante en la Junta, Jorge Porras, quien renunció a su cargo el 19 de setiembre pasado.

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Cinco directivos, dos exrepresentantes de los patronos y la gerente general de la institución administradora de los hospitales públicos destacan entre los sospechosos.

También se escuchará a los gerentes, a fin de conocer si alguno tiene asuntos de urgencia que se deban conocer a la brevedad, a fin de contemplarlas para sesiones futuras.

La idea, defendió Rodríguez, es garantizar la continuidad de los servicios en la entidad que vela por la seguridad social.

Esquivel y Porras se mantienen detenidos, junto a otros tres directivos (María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Alfredo Gómez) en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

Por el mismo asunto fueron aprehendidos la gerente general María de los Ángeles Gutiérrez, así como los exrepresentantes patronales Jorge Araya y Roberto Quirós.

A todos se les investiga por presuntas anomalías en la tercerización de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud a 4 directivas y 1 asociación.

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