Por Jason Ureña |24 de septiembre de 2024, 6:56 AM

Los sindicatos del sector de la salud pidieron la salida de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, luego de que esta fuera detenida el lunes en el marco del caso conocido como Barrenador.

A la jerarca se le investiga por los supuestos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato, por su papel en la adjudicación de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, a 4 cooperativas y 1 asociación (vea video adjunto de Telenoticias).

"Que esta denuncia llegue hasta las últimas consecuencias y que también, en cuanto a lo que es la figura de Marta Esquivel, que sea separada", expuso el representante de la Unión de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares.

El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Lenín Hernández, recordó que el escándalo de corrupción Caja-Fischel significó una erogación de ¢5.000 millones y mencionó que estos no tienen "punto de comparación" con los ¢200.000 millones que la entidad desembolsará en supuestos sobreprecios.

Junto a ella se investiga a los directivos María Isabel Camareno (Gobierno), Jorge Porras (Gobierno), Zeirith Rojas (patronos, vicepresidente) y Johnny Alfredo Gómez (patronos); los exrepresentantes patronales Jorge Araya y Roberto Quirós; así como a la gerente general María de los Ángeles Gutiérrez.

"Estamos tomando el acuerdo de solicitar al Gobierno de la República la destitución inmediata de la señora presidenta ejecutiva porque no podemos aceptar que una persona que irrespeta la ley pueda representar a esta emblemática institución", señaló por su lado el secretario general del Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (Sinassass), Hernán Serrano

Cabe recordar que la Gerencia Financiera y la Junta de Adquisiciones de la institución alertaron sobreprecios en lo ofertado por las cooperativas, por lo que recomendaron declarar infructuoso el proceso en el que se tercerizaron los servicios de los establecimientos de salud.

Aun así, los directivos de la institución se apartaron de esos criterios y el pasado 6 de julio, decidieron adjudicar la administración de los centros de atención primaria.

Por su parte, el Gobierno de la República cuestionó las acciones del Ministerio Público, al calificarlas de un "abuso de poder".

Sin embargo, en la reacción, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, evitó referirse al futuro de Esquivel.

Dicha abogada es la presidenta ejecutiva de la Caja desde el 17 de setiembre de 2022 y su gestión ha estado marcado por la polémica: desde los señalamientos por el presunto maquillaje de informes actuariales y financieros, hasta su rechazo por construir el nuevo hospital de Cartago en un terreno ya adquirido.

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