Los cuerpos de víctimas de homicidios y accidentes de tránsito se acumulan unos sobre otros en camillas y hasta en el suelo en la morgue del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esto debido a la creciente cantidad de muertes violentas en los últimos dos años, según denunciaron 17 técnicos disectores en una carta dirigida presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; así como al director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga López.
La misiva hace referencia al tratamiento dado a los cadáveres como parte de una descripción de las condiciones en las que trabaja el personal de la Sección de Patología Forense. El documento —del que Teletica.com tiene copia— respalda los reclamos hechos semanas antes por el odontólogo forense José Manuel Fernández Chaves en su renuncia, así como por un grupo de 41 médicos forenses.
"Nuestra labor consiste en recibir los fallecidos cuando llegan en una Unidad de Transporte Forense, bajándolos de la unidad a una camilla, pesándolos, ingresar los datos al Sistema Automatizado de Patología Forense, generar las muestras rutinarias respectivas e ingresarlos a la cámara de refrigeración.
"En este punto, debido a la alta demanda de fallecidos en el país, muchas veces nos vemos en la tarea de tener que colocar de dos a tres cadáveres en una misma camilla, ya que no contamos con espacio suficiente en la cámara de refrigeración ni suficientes camillas. Inclusive en ciertas ocasiones hemos tenido que colocar los cuerpos apilados unos sobre otros en el suelo de la cámara", se lee en el escrito, cuya veracidad fue confirmada a este medio por uno de los 17 firmantes.
Esta situación hace "sentir deshumanizados" a los funcionarios; no obstante, estos justifican que la medida responde a las circunstancias actuales.
Los técnicos en cuestión, además de las labores antes descritas, también se encargan de sacar a los fallecidos de las cámaras de refrigeración, cotejar los datos con el médico forense para la apertura de la bolsa, así como desvestir y lavar los cuerpos. En ocasiones, esos cadáveres "vienen en condiciones de extrema suciedad que ameritan lavado profundo, como por ejemplo, barro, plaga de piojos, heces, aceite, arena (o con) vidrios".
Además, los disectores asisten en la revisión externa de los cuerpos, los trasladan a rayos X o a otras pericias requeridas, toman muestras, hacen la apertura del cadáver y lo disecan para que el patólogo haga los exámenes pertinentes a los órganos.
Luego suturan el cuerpo, de las incisiones hechas en la autopsia, así como de las heridas que presentaba previamente.
"En ciertas ocasiones, se deben reconstruir los cadáveres que han perdido partes de su cuerpo, para que al momento de la entrega del mismo se encuentre lo más presentable para la familia del fallecido y sea menos impactante y traumático", recalca la carta.
Finalmente, a estos servidores les corresponde la entrega del cuerpo a los familiares. Sin embargo, en ese espacio, los técnicos han sido víctimas de agresiones físicas y verbales.
Más recientemente, a estos funcionarios se les ha encomendado la colocación de los cuerpos no reclamados en cajas, su traslado y posterior depósito en las fosas del cementerio Francisco Cipriano Calvo, en San José.
Tras enumerar esas situaciones, el documento hace un repaso por el limitado personal con el que se cuenta para hacer frente a las jornadas en la Sección de Patología Forense, la carga de trabajo (con autopsias que incluyen la recuperación de hasta 20 proyectiles de arma de fuego y 30 orificios), sin dejar de lado el impacto emocional derivado de la exposición a cuerpos con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición.
En el documento también lanzaron una "alerta roja", en la que advirtieron sobre la necesidad de dar contención al personal de la Morgue por la afectación derivada del incremento en la violencia que vive el país.
Se detalla que el salario base de estos técnicos es de ¢566.200 por mes. A ello debe abonarse que este grupo, al igual que la mayoría del sector público, no ha recibido aumentos.
Tal cual lo denunció Fernández Chaves en su dimisión, este grupo tampoco ha recibido formación académica de parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni reconocimiento por su labor.
"Con este documento no queremos hacer un reclamo, pero sí que se visualice nuestra realidad que lamentablemente se ha visto afectada por falta de atención, consideramos que somos una población olvidada que no se limita solamente a realizar autopsias, sino que conlleva muchas otras actividades que a lo largo del tiempo generan secuelas tanto físicas como psicológicas y emocionales que son rechazadas para su atención como riesgo laboral y con la retribución salarial que recibimos no contamos con la solvencia suficiente para hacerles frente por nuestra cuenta, retribución que se encuentra por debajo de la base que consideramos justa para el trabajo que efectuamos", se lee en el escrito.
El documento en cuestión fue entregado el 19 de enero pasado, confirmó a este medio una de las funcionarias que suscribió el documento.
Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una serie de consultas ante la oficina de prensa de la Policía Judicial.
Entretanto, después de que este medio diera a conocer la renuncia del único odontólogo forense del OIJ, Zúñiga López abogó porque algunas de las profesiones con las que cuenta la Policía Judicial sean excluidas de la Ley Marco de Empleo Público y que así estos puedan tener salarios más competitivos