La Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO) cuestionan el estudio de contabilidad de costos que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sobre la adjudicación de los Ebáis que son administrados por las cooperativas.
Según aseguran, el estudio muestra falencias técnicas y de valoración que han atribuido a ASEMECO, defectos que, indican, no corresponden a las ofertas que ellos brindan; expresan que sus ofertas son razonables y con un precio competitivo. Y que no existe un solo acto administrativo debidamente motivado que pueda descalificar nuestra oferta.
Fue la Junta Directiva de la Caja la que dijo que hay dudas sobre la “razonabilidad de precios” de las cooperativas, por eso formaron un grupo especial que se encargará de analizar la gestión de estos 138 Ebáis a cargo de las cooperativas y aplazaron la adjudicación de su administración, según indicó el diario La Nación.
“Hemos sido absolutamente respetuosos de los precios unitarios que se han definido en SICOP y debe, por lo tanto, la administración realizar una valoración total por contratista y analizar individualmente cada perfil, de aquellas ofertas que, como la nuestra, sí aportan la información y los datos que permiten ese estudio”, dijo ASEMECO.
Las cooperativas añaden que su oferta está por debajo del presupuesto aprobado tanto como precio unitario en la plataforma SICOP, como en el Presupuesto CCSS proyectado 2024.
Por lo que consideran “una absoluta contradicción que el Área de Contabilidad de Costos intente argumentar que ASEMECO presentó un precio excesivo cuando la oferta está considerablemente por debajo de los montos indicados por la misma CCSS”.
Además, insisten en que la CCSS no aporta fundamento alguno para considerar la oferta de ASEMECO como excesiva.
“Nos resulta, de forma incomprensible, que el Área de Contabilidad de Costos compara compras cuyas estructuras del precio tienen una diferencia de 15 años, ya que la compra en ejecución tiene su base en la oferta presentada del proceso sacado a licitación en el año 2008. Los actos administrativos deben basarse en la lógica. Considerando el devenir económico del país en los últimos 15 años”, acotó la entidad.