Directiva de CCSS: "Ha habido un interés por decir que no necesitamos la Caja"

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afronta un momento complejo, en el que, por un lado, el Gobierno de la República pone en duda su sostenibilidad, mientras que otros sectores —como el sindical— defienden que la institución ha registrado superávits recientemente e insisten en la necesidad de hacer inversiones.

Una de las voces que coincide con esa última visión es la de la directiva representante de los trabajadores, Martha Rodríguez.

En entrevista con Teletica.com, la dirigente sindical abordó distintos temas, desde la suspensión que le dictó el Consejo de Gobierno a ella y cuatro compañeros de la cúpula en el marco de un proceso disciplinario que tacha de "juicio político", hasta lo que encontró en la institución al ser reinstalada por resolución de la Sala Constitucional.

¿Cómo llega usted a la Caja?

"En realidad, a nosotros nos nombran los respectivos sectores, tanto el sector patronal, como los sectores de trabajadores. Los trabajadores tienen sus representantes y nosotros fuimos nombrados en su momento cuando inició este periodo de gobierno, con don Álvaro Ramos. Empezamos una tarea muy importante con avances en temas fundamentales para la prestación del servicio y para el fortalecimiento institucional.

"Una vez que el 15 de setiembre del 2022, el presidente anuncia que va a destituir a don Álvaro y que va a remover a los directores por haber y pagado una deuda, porque Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) había dicho que era una deuda, inmediatamente, a partir de esa fecha, empieza todo un proceso.

"La presidenta ejecutiva Marta Esquivel presenta una denuncia verbal en el Consejo de Gobierno el 7 de diciembre del 2022. Y nos separan a todos nosotros. Pero bueno, la Sala nos vuelve a reinstalar en junio del año anterior. Algunos de los directores renunciaron. En realidad, los que no únicos que no han renunciado somos los representantes del sector laboral y nos fueron reinstalando en junio del año anterior.

"¿Qué es lo que uno observa cuando regresa a la institución? Que se han tomado una serie de decisiones sin estudios técnicos, jurídicos, por ejemplo, de recursos humanos, financieros, jurídicos, muy importantes; y que muchas de esas decisiones se tomaron sin cumplir con esos procesos que son fundamentales para la toma de decisiones. La misma ley establece que tiene que haber criterios técnicos para responder a eso.

"Sin embargo, se eliminó el modelo de proyecciones financieras que era parte de los elementos técnicos que tenían los directores, se tomaron decisiones con respecto al plan de innovación de Expediente Digital Único en Salud (EDUS), todos se fue paralizando, toda la infraestructura 350 ebáis que ya estaban financiados y todo lo que tiene que ver con todos los proyectos en ejecución.

"Eso sí, le genera uno en la gran preocupación, porque eso sí tiene un muy negativo en la prestación de los servicios. Esa fue la preocupación principal. Lista de espera, problemas de infraestructura, servicios muy colapsados... y todas esas decisiones que se toman sin previsión tienen consecuencias".

¿Qué opina usted de ese procedimiento con el que se le suspendió?

"Yo tengo un familiar, claro, en la Caja. En una institución que tiene 64.000 trabajadores, hay alguien alguna persona que puede ser un familiar de uno. Sin embargo, la decisión que se tomó era una decisión general, no beneficiaba a uno de los familiares. Por eso es que la Procuraduría General de la República y la misma Auditoría Interna, dijeron que no había ningún conflicto de interés. Cuando se hace la notificación del procedimiento administrativo, no se nos está acusando en ningún momento de conflicto de intereses, porque ya había pronunciamientos de la Procuraduría y de la Auditoría. E incluso hubo una contratación externa y todo para definirse había un conflicto de intereses o no, y finalmente eso quedó absolutamente descartado.

"Precisamente, muchas decisiones que se toman son de carácter general. Sería como que se dijera que un diputado no puede votar un proyecto de ley porque va a beneficiar a alguien que tal vez puede ser familiar. O sea, esas cosas de carácter general, no se considera un conflicto de intereses. El conflicto va más orientado a que uno quiera beneficiar personalmente a alguno de los familiares".

¿Y entonces qué se les atribuye?

"En general, lo que al final se nos acusa, es de no acatar el estudio actual que había hecho la Dirección Actuarial y acatar otros informes técnicos que sí eran contundentes.

Cómo puede uno confiar en un estudio actual, recientemente lo dijo la presidenta ejecutiva, que uno no puede votar si no confía en un documento técnico. Eso fue lo que nosotros hicimos: votamos, lo conocimos, lo analizamos el estudio técnico actuarial y lo que se vio fue una serie de inconsistencias que después la misma Contraloría General de la República en varios informes ha venido demostrando esas inconsistencias y todo lo que la Junta Directiva pudo señalar en su momento, como un aumento explosivo de los gastos y una disminución de los ingresos, por una serie de errores que se cometen en las hipótesis que se utilizaron.

"Luego la Organización Internacional del Trabajo que vuelve hacer en varias ocasiones, incluso una presentación en la Junta Directiva, donde vuelve a señalar los errores y se señala el presunto maquillaje de dos informes realizados con una con siete días de diferencia. Por eso es que estamos acusados".

Cuándo usted regresa y ve ese panorama de distinto, ¿considera que había alguna intención particular?

"Es que después de la separación se nombró una Junta que si una revisa las actas de ese periodo, las votaciones eran unánimes en todos los temas y en un órgano colegiado siempre hay debate y discrepancias. Siempre tiene que existir diferencia, en virtud de las diferencias de los varios sectores. Pero en ese caso, nosotros lo que planteamos es que no eran representantes del sector laboral realmente. De hecho, la representante del sector de las cooperativas, después, se convierte en representante del Gobierno, y el del sector solidarista también. Cuando se quita por ejemplo al doctor Carlos Salazar, entonces se pone a una de esas personas. También cuando renunció Ignacio Monge también se ponen las mismas personas que representaban al sector laboral. Y eso deja una seria duda de la imparcialidad de las decisiones.

"La principal preocupación es que entonces se empezó a quitar a las personas, hubo denuncias por hostigamiento laboral, removieron a varias personas que eran estratégicas en la institución incluida la Secretaría de la Junta Directiva, y se tomaron una serie de decisiones que sí vinieron a afectar la continuidad del servicio. Y eso se evidencia en este momento. Uno podría pensar que no, pero está realmente evidenciado que todas las decisiones que se tomaron paralizaron obras y ahora tenemos todos los servicios de emergencias colapsados o una buena parte".

¿Qué queda entonces?

"Falta mucho qué hacer en el tema del primer nivel de atención, sobre todo. Y resolver las listas de espera y la atención del sector especializado. Eso no se ha resuelto, no se ha podido llenar una serie de expectativas de las personas. En este momento hemos ido cambiando. Varias obras se han ido restableciendo y estamos insistiendo con el hospital de Cartago, por ejemplo. Eso a paso lento y a un mayor costo, porque el retardo en la en adjudicación de las cosas y todo esto, o sea, aumenta los costos para la institución y además deteriorar el servicio, que evidentemente hemos tenido un deterioro que hay que resolver no la brevedad".

¿La Caja está quebrada?

"Desde mi óptica, ha habido un interés en decir que no necesitamos la Caja y esa no es la verdad. La Caja no está quebrada a pesar de que, como le digo, las cuotas obrero-patronales son las que sostienen a la institución, a pesar de eso, con todos los esfuerzos que se han hecho en la misma institución, se han ido atendiendo todas las necesidades que hay en salud. Lo que ocurre es que se estaría mucho más fortalecido todo el sistema sanitario costarricense, si el Estado asumiera la responsabilidad que le corresponde.

"Uno siempre se queja de que, cuando se trasladó el primer nivel de atención a la institución, lo primero que se dijo es que el legislador previó toda esa situación que se podía dar y dijo que había que modificar la Constitución y el artículo 177 la Constitución Política lo que viene a señalar es la obligación del Estado, en este caso el Gobierno, de que si hay un déficit, lo tiene que asumir el mismo Estado. Por eso es que uno dice que el discurso es tan contradictorio, porque si realmente la Caja estuviera quebrada, entonces el Gobierno tiene por obligación constitucional que buscar la plata. Entonces es un discurso contradictorio cuyos fines son totalmente diferentes y por eso que se paralizaron obras, se paralizó el plan de innovación, todo el tema de EDUS que es tan importante y también su un enorme retraso, y bueno, se han dado una serie de cuestionamientos que se han dado en los últimos en los últimos días.

"Todo ese tipo de cosas sí deterioran la imagen pública de la institución y ha habido un discurso de la misma Presidencia Ejecutiva de que en la Caja todo está mal. Me parece que en los últimos días está siendo más precavida, porque los medios han anunciado que todos los proyectos que le ha anunciado al país ni siquiera han sido acordados en la Junta Directiva. Creo que a la señora Presidenta ejecutiva también se le olvida que la Ley Constitutiva establece que tiene que haber absoluta independencia de todos los miembros de la Junta Directiva, incluida ella misma ella. A ella la nombra el Gobierno, pero es una jerarca en la Caja y eso es un miembro de la Junta Directiva de esos nueve a los que les corresponde tomar las decisiones estratégicas y políticas de esta institución".

Ante de la presente publicación, este medio solicitó un descargo a la Caja de Seguro Social. El 19 de marzo se recibió respuesta del asesor del despacho de la Presidencia Ejecutiva, Óscar Saborío, con el siguiente comentario:

"Actualmente, el tema en cuestión sigue en revisión y no ha sido concluido por el Consejo de Gobierno. Por esta razón, la Presidencia Ejecutiva manifiesta su profundo respeto por los procedimientos establecidos y se reserva cualquier posición o comentario hasta finalizar las deliberaciones correspondientes".