Sí es cierto que el candidato del partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, fue inhabilitado de la función pública tal como lo señaló este lunes durante el debate del TSE, el candidato del partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves.
Chaves señaló que Feinzaig fue sancionado por presuntas irregularidades con el contrato entre la empresa Alterra y el Gobierno para la modernización del aeropuerto Juan Santamaría.
“Me acuerdo que usted como viceministro del PUSC negoció, la Asamblea investigó y ordenó castigos severos contra usted porque estuvo más interesado en velar por las ganancias de Alterra que velar por el interés público”
“A mí me informaron que usted estuvo deshabilitado de la función pública por cuatro años, eso es un hecho producto de ese contrato”, recalcó Chaves durante el debate.
Ante dichos señalamientos, Feinzaig se defendió y aseguró que se trató de una sanción administrativa contra el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), que es el cuerpo colegiado que rige la aviación en Costa Rica.
“Yo fui víctima de una decisión técnica del consejo que yo presidía (el Cetac). El Consejo tomó una decisión basada en un criterio técnico, y dicha decisión fue avalada por la Contraloría, pero años después la Contraloría se arrepiente y abre un proceso administrativo contra la Cetac, que concluyó en una sanción de cinco años de inhabilitación”, explicó Feinzaig.
El proceso al que se refiere el candidato presidencial del partido Liberal Progresista se dio en 2001, cuando el Cetac aprobó las tarifas comerciales del aeropuerto Juan Santamaría para la entrada en vigencia del contrato con Alterra.
En dicho contrato se estableció que, para el ajuste de las tarifas comerciales, se utilizaría un índice de precios de bienes y servicios, excluyendo bienes agrícolas, de los Estados Unidos; criterio que la Contraloría General de la República consideró incorrecto.
“Cuando yo entré como viceministro, el contrato ya se había firmado, a mí no me tocó negociarlo ni firmarlo, lo que me tocó fue ponerlo en ejecución… había 3000 pasos que dar en seis meses, para poder dar la orden de inicio. Una de las funciones era actualizar el pliego tarifario y para esto el contrato decía que debía utilizarse un índice de precios que no existía con el nombre específico que se mencionaba en el contrato. Lo que hicimos fue solicitarle al Bureau of Statistics de los Estados Unidos una recomendación” detalló Feinzaig.
Feinzaig además aclaró que no hubo un proceso judicial, y que la Contraloría en ningún momento determinó cuál fue el daño a la hacienda Pública. También dijo que no se arrepiente de esa decisión.
“La alternativa si no hubiéramos acogido esa recomendación técnica hubiera sido detener un proyecto que a todas luces este ha sido un beneficioso para Costa Rica. No me arrepiento de tomar decisiones basadas en un criterio técnico, que le permitieron al país tener un aeropuerto moderno y funcional, y si me costó una sanción administrativa es un precio que valió la pena” agregó.
Teletica.com contactó a Chaves para conocer su reacción, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta.