La fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que la cabeza del Ministerio Público de Bolivia la despidió de su cargo y ordenó frenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), en una investigación por posible trata y tráfico de personas.
En declaraciones a los medios, Gutiérrez explicó que primero recibió una orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de dejar el caso y disolver la comisión creada para investigar a Morales. Según Gutiérrez, Lanchipa también indicó que "deberá dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva", lo que supuso "dejar sin efecto la comisión", ya que -aseguró la exfuncionaria- la amenazaron con "procesos penales y disciplinarios" si no lo hacía. La ahora exfiscal afirmó que en esta jornada dos de los tres fiscales de esa comisión recibieron "memorandos de agradecimiento" por sus servicios y que ella fue removida del cargo tras negarse a renunciar.
Gutiérrez añadió que, "habiendo un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, teníamos (órdenes de) aprehensión también hacia otras personas. Lo han dejado sin efecto".
La abogada, que fue ministra de Justicia en la gestión presidencial de Morales en 2014, dijo que desconocen "cómo se ha filtrado" la orden de captura "porque no se ha entregado a nadie". Sin embargo, "faltando una hora (para que se ejecute), se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales".
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de "trata y tráfico de personas" y "habría ocurrido" cuando la supuesta víctima "tenía 15 años" en una provincia de Tarija, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una adolescente involucrada. Gutiérrez argumentó que "los antecedentes vienen de un informe de inteligencia" y denunció que supuestamente hay "órdenes específicas" de Lanchipa "de no hacer absolutamente nada" sobre este caso.
El caso surge en medio de la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
El mismo día, el Gobierno de Javier Milei decidió quitarle a Morales el estatus de refugiado del que gozaba desde diciembre de 2019, según informaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Justicia de Argentina informó en un comunicado "que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma". El Ejecutivo de Milei alegó que dicho estatus "fue utilizado indebidamente como herramienta política" por el exgobernante argentino Alberto Fernández (2019-2023), "omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece" la ley argentina de reconocimiento y protección a las personas refugiadas.
La entidad aseguró este miércoles que "Morales llegó a Argentina tras huir de Bolivia en 2019 luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral" y fue recibido "con privilegios injustificados, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores".
"Desde entonces, ha retomado su liderazgo en la política boliviana, actualmente gobernada por un dirigente de su partido político y ha viajado libremente a su país de origen. Esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria del refugio", señala el comunicado argentino.