"Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos, así como los de las comunidades locales que han sufrido años de abandono estatal", señaló Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.
El informe 'Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién' es el segundo de una serie de documentos de HRW sobre la densa selva que se ha convertido en el paso para miles de migrantes que buscan un futuro mejor o huir de la violencia.
En sus visitas a la frontera entre Colombia y Panamá, HRW ha constatado que los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud son insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades locales que han sido marginadas por años y sufren con altos índices de pobreza y falta de oportunidades.
Los delitos contra migrantes en el Darién, incluyendo constantes casos de violencia sexual, "normalmente no son investigados ni castigados", recoge el informe.
Más de medio millón de personas cruzaron el Darién en 2023, incluyendo 113.000 menores de edad, y el gran número de migrantes que atravesaron esa selva entre enero y febrero de 2024 apunta a que este año sean más de 700.000.
La dura travesía por esta selva llena de peligros, naturales y humanos, la emprenden sobre todo venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también personas de otros continentes como Asia y África.
Más de 1.300 personas han denunciado ante Médicos Sin Fronteras (MSF) haber sufrido violencia sexual entre abril 2021 y enero 2024, pero es posible que las cifras reales sean aún mayores. Sin embargo, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la Procuraduría de Panamá informó que solo sabía de 285 víctimas de violencia sexual.
Además, "decenas, si no cientos, de personas han perdido la vida o han desaparecido". En un caso documentado por HRW en octubre de 2022, una pareja venezolana emprendió el viaje con sus tres hijos y, en medio de la ardua caminata, un desconocido se ofreció a llevar a su hijo de seis años para acelerar el viaje, y adelantó al grupo.
Cuando los alcanzaron a la mañana siguiente, el hombre les dijo que su hijo se había ahogado al cruzar el río. Las autoridades tardaron ocho días en iniciar la búsqueda e Interpol emitió una alerta por su desaparición más de un mes después. Hasta la fecha, el niño sigue desaparecido.
Llamado de atención a Colombia y Panamá
La ONG lamenta que Colombia "carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes que cruzan", que se suma a "la escasa presencia estatal en la región", dejándolos en manos de grupos armados como la banda paramilitar el Clan del Golfo, que en los últimos años además del narcotráfico se ha involucrado en el tráfico de migrantes.
El Gobierno panameño aplica una estrategia de "flujo controlado" centrada en "restringir el movimiento de estas personas dentro de Panamá y asegurar que lleguen rápidamente a Costa Rica, en lugar de atender sus necesidades o garantizar que puedan solicitar refugio".
HRW llamó a ambos países a nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de la respuesta a la crisis humanitaria, que también permita la coordinación entre autoridades.
El documento también cuestiona la decisión del Gobierno de Panamá de suspender el trabajo de MSF en el país: "Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién", afirmó Goebertus en el estudio.
Esta es una crisis que "exige un esfuerzo más amplio de toda la región", por lo que "gobiernos latinoamericanos y de EE.UU., deberían revertir las medidas que están impidiendo el acceso a refugio y que llevan a las personas a cruzar lugares peligrosos como el Darién".
Goebertus concluye que "no deberían dejar solos a Colombia y a Panamá frente a los desafíos del Tapón del Darién".