Diputados dicen que se puede modificar ley para que miles de tenis sean donadas y no destruidas
Tras múltiples allanamientos, el OIJ confirmó que ya se han decomisado más de 73 mil artículos, entre tenis, camisetas y gorras.
El diputado oficialista Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y el opositor Gilberth Jiménez, de Liberación Nacional, consideran que se puede modificar la ley para que miles de pares de tenis decomisados por aparente falsificación sean donados a personas en condición pobreza.
Fue el pasado martes cuando los agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 16 allanamientos en el centro de San José, donde decomisaron más de 73 mil artículos (tenis, camisetas, gorras) por los presuntos delitos de falsificación y alteración de marcas.
Tras una consulta de Teletica.com, el cuerpo policial confirmó que todo lo retirado de los establecimientos será destruido una vez terminada la investigación y el proceso judicial.
“Hay una legislación que hay que respetar, pero sí podría trabajar en la elaboración de un reglamento o nueva ley que permita la utilización de esos materiales decomisados; sin embargo, también hay leyes internacionales con marcas y, si los tenis tienen el logo de una marca internacional donde hay acuerdos comerciales internacionales, pues como país debemos respetarlos.
“Si esos acuerdos dicen que hay que destruir el producto falsificado, lastimosamente, hay que hacerlo; pero siempre hay opciones para trabajar eso porque se me ocurre que se puede eliminar el logo de la zapatilla para reutilizarla para una donación, ya sea para una asociación o niños de escuelas que lo necesitan”, comentó el oficialista Manuel Morales.
El legislador también dijo que se compromete a trabajar en una posible modificación (de la ley) para que se pueda eliminar el logo de los artículos, siempre y cuando sea factible, ya sea en zapatos o ropa, y luego proceder a su donación.
El liberacionista Gilberth Jiménez coincide con Morales y asegura que, como diputado, está en la mejor disposición de buscar una reforma para el buen uso de lo decomisado y no para un tema comercial.
“Yo me pongo a disposición para poder cooperar y ver si podemos lograr una reforma en los plazos posibles, para que tengamos provecho, más aún en un país tan necesitado, porque acciones como estas le darían una mejor calidad de vida a las personas que más lo necesitan.
“No es posible que tengamos tantas necesidades, y esto puede aprovecharse en ayudar a personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema”, manifestó Jiménez.
¿Qué dice la ley sobre este tipo de decomisos?
La legislación costarricense, Ley N.º 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, indica lo siguiente:
“A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destrucción solo podrá dictarse en sentencia”.
Además, con respecto a la pena que podría descontar una persona por vender, almacenar y distribuir productos fraudulentos, el artículo 45 de dicha ley señala lo siguiente:
“Será reprimido con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso su empaque, embalaje, contenedor o envase, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo”.
