Por Luis Jiménez |21 de junio de 2024, 9:32 AM

Tres fiscales y tres jueces del Poder Judicial fueron detenidos como sospechosos de tráfico de influencias y violación de secretos.

Este viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron ocho allanamientos en el Juzgado Penal y en la Fiscalía de La Unión, en Cartago; también en el Juzgado de Tránsito de Desamparados, en San José; así como en varias casas en Coronado, La Unión, Moravia y la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José.

Según confirmó Michael Soto, subdirector de OIJ, al parecer, los funcionarios judiciales le daban beneficios a un abogado y exjuez que defendía a integrantes de grupos criminales de la zona; mismo que fue asesinado el pasado 27 de febrero en La Unión.

“Este caso tiene que ver con un hombre que fue asesinado en La Unión el pasado mes de febrero, la víctima era un abogado que fue juez en este Juzgado Penal de La Unión. A raíz de la investigación de ese homicidio logramos determinar que esta persona obtenía beneficios por haber trabajado con estas personas funcionarias judiciales hoy detenidas, ya que, al parecer, le ayudaban para facilitarle el llevar sus procesos penales adelante.

“Cabe resaltar que estas detenciones no tienen que ver con el homicidio, sino que a raíz de esta investigación logramos establecer que este fallecido, quien defendía a estructuras criminales de la zona, obtenía beneficios y estos empleados cometieron varios delitos como tráfico de influencias, violación de secretos, entre otros”, manifestó Soto.

Declaraciones de Michael Soto: 

El jerarca indicó que, mediante estos esfuerzos, están sacando a la luz situaciones que han ocurrido y que podrían estar dándose en otros juzgados.

“El mensaje que queremos dar a la ciudadanía es que en el Ministerio Público y OIJ no somos tolerantes con actos de corrupción y en el Poder Judicial de Costa Rica estamos generando acciones para evitar que esto siga creciendo y ocurriendo”, manifestó Soto.  

Entre los detenidos figuran tres mujeres y tres hombres, quienes fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, el cual decidirá su situación jurídica.

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