Supremos poderes acuerdan impulsar 10 proyectos contra criminalidad
Se trata de siete iniciativas que ya existen y otras tres nuevas, todas calificadas como de “consenso” entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Los jerarcas de los tres supremos poderes de la República acordaron la noche de este martes impulsar 10 proyectos de ley para combatir la histórica crisis de criminalidad que golpea al país.
La decisión pone fin a una serie de reuniones que celebraron autoridades del Legislativo, Ejecutivo y Judicial desde inicios de este año en el marco de un abordaje conjunto al problema de la inseguridad.
“Celebrar el espíritu patriótico de los tres poderes de la república y demostrar que cuando las voluntades se unen no hay nada imposible ni nada por lo que tengamos que pelar por posturas, egos o mezquindades”, anunció el presidente Rodrigo Chaves minutos antes de que el fiscal general, Carlo Díaz, diera a conocer las propuestas.
Los 10 proyectos
En la lista hay cuatro iniciativas que ya discute la Asamblea Legislativa:
- Una reforma legal para que las personas naturalizadas que incurran en delitos graves se les revoque la nacionalidad y puedan ser extraditados a sus países si estos así lo requieren.
En este punto se acordó pedir al Congreso admitir la reforma constitucional que permitiría abrir la posibilidad de extraditar a costarricenses solicitados por otros países.
- Impulsar y aprobar el proyecto de “capitales emergentes”, para darle a la posibilidad al Instituto Costarricense sobre Drogas y otros cuerpos policiales de definir medidas cautelares para disponer de bienes decomisados al narcotráfico previo a que exista una resolución judicial por el fondo.
- Endurecer el registro de antecedentes penales para aumentar los términos en que desaparecen estos y así evitar beneficios carcelarios a reincidentes.
- Sancionar la extorsión crediticia mediante los llamados “préstamos gota a gota”.
- Una reforma para ampliar el catálogo de delitos que podrán ser sujetos de intervenciones telefónicas y darle a los jueces un plazo para esa resolución.
- Una reforma a la Ley de Armas y Explosivos para endurecer las penas actuales.
- Reducir las penas mínimas de seis a cuatro años para los delitos en que se permite monitoreo electrónico.
Adicional hay estas, hay tres proyectos nuevos que se discutirían: una reforma a la prisión preventiva, otra para agravar las penas contra adultos que utilizan a menores de edad para cometer delitos y una última para ampliar los plazos en procesos contra menores de edad, de manera que exista más espacio para formular las acusaciones.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, aseguró que llevará esos acuerdos hasta los jefes de fracción y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para discutir sus alcances e intentar acelerar el proceso legislativo en busca de que estas iniciativas se conviertan en ley.
