Por Juan José Herrera |28 de junio de 2023, 14:02 PM

El presidente Rodrigo Chaves aseguró esta tarde que “no le sorprende” la decisión de la Sala Constitucional de anular la suspensión que él y su Consejo de Gobierno tomaron en diciembre anterior contra cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

“No me sorprende, francamente no me sorprende lo que decidió la Sala Constitucional. Yo espero ya cualquier cosa de la Sala Constitucional, siendo franco”, dijo el mandatario antes de empezar una larga alocución contra el fallo de los magistrados y un supuesto “frente común” que dice existe ahora contra su Gobierno.

Chaves cuestionó que existe una serie de diferencias dentro de los propios magistrados sobre si este tema es de constitucionalidad o de legalidad, en ese punto dijo que le llama la atención que aunque existan supuestos precedentes, en este tema se apartaron de estos.

“En todos los casos similares a este, la mayoría, el precedente jurídico dice que la Sala se ha manifestado que esto son temas de legalidad, no constitucionales. De hecho, le acaban de resolver a los directivos del BCR después de años y dijeron, son temas de legalidad; ahora, en muy poco tiempo, se contradicen de todas las decisiones que han tomado al respecto en el año anterior”, criticó, pero fue más allá.

“La Sala dice, hasta donde yo entiendo, que si usted pesca infraganti a un directivo de la CCSS haciendo algo delictivo o inapropiado, con cámaras, videos, fotos y más allá de cualquier duda razonable, según la Sala no se le puede remover hasta que se termine todo un proceso, no se puede meter una medida cautelar aunque el daño sea continuo y cuánto puede durar esto, independientemente de cuál sea la falta”, criticó.

Efectivamente, la resolución de los magistrados aclaró que remover directivos de la CCSS no es una potestad del Ejecutivo y que, además, para que eso suceda tiene que haber hechos ilegales probados mediante un fallo.

“Nosotros vamos a seguir con los procesos administrativos y que cada palo aguante su vela ante la opinión pública. La legitimidad que tiene que tener cada entidad pública y vamos a ver”, finalizó.

La Sala ordenó al Ejecutivo restituir a los miembros cesados y además anular el nombramiento de los directivos elegidos por el Gobierno.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, insistió en que no han recibido la resolución formal de la Sala IV y que, hasta que eso no suceda, no pueden tomar ninguna decisión sobre lo señalado por los magistrados.

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