Pese a que no presentó denuncia, Chaves cuestiona tardanza en causa contra hija de magistrado

El presidente Rodrigo Chaves cuestionó este viernes la tardanza con la que, asegura, ha actuado el Ministerio Público en el caso de Jimena Rueda, la hija del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda.

Ella es investigada por el presunto delito de amenaza a funcionario público, esto luego de que, en mayo pasado, acompañara en sus redes sociales una publicación alusiva al mandatario con la frase “ya esto amerita un francotirador”.

“Me llama la atención que haya empezado la investigación hoy cuando en el caso de una persona que dijo que, abro comillas, le iba a sacar el sirope al diputado Ariel Robles, hubo acción inmediata, detenciones, etcétera.

“Uno se pregunta la secuencia de los eventos, por qué hoy, después de tanto tiempo, dicen iniciamos la investigación, será que ocurrieron eventos en otras partes que llamaron la atención de la opinión pública para que se preocupe el país por estas cosas, por eventos ocurridos en otros países, yo no sé, pero en la vida hay pocas coincidencias”, cuestionó Chaves.

Sin embargo, sus críticas no se acompañaron de una denuncia formal ni de parte de él ni tampoco del Poder Ejecutivo, pese a que sí criticó públicamente el hecho.

¿Por qué no denunció?

“Yo no he denunciado a la diputada Priscilla Vindas que me dijo asesino, violador y un montón de cosas… Yo no ando denunciando mucho, yo lo vi, la gente reaccionó, pero reflexionando qué es lo que significa esto, la ofensa al pueblo, no a mí, yo creo que este caso debe proseguir y entonces amplié la denuncia, dije sí, me siento ofendido a nombre del pueblo de Costa Rica”, respondió a consultas de este medio.

Precisamente, Chaves se apersonó este viernes a la Fiscalía General para ampliar la denuncia por este expediente y otro en el que sí denunció, específicamente a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, luego de que esta grabara conversaciones suyas y de otros jerarcas y posteriormente las compartiera con el diario La Nación.

Este segundo caso se tramita bajo el expediente 23-000759-619-PE de la Fiscalía Adjunta de San José, por el supuesto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.

Chaves, y el Gobierno, han insistido en que esas grabaciones fueron hechas sin consentimiento y, por lo tanto, son ilegales. La exministra; sin embargo, sostiene que representan pruebas de presuntos delitos, por ejemplo en la negociación del Ejecutivo con el productor Christian Bulgarelli para un contrato con el BCIE que hoy es objeto de otra investigación.

“La única excusa que ella (Navarro) podría usar, me dicen los abogados, es que ella creía que podía haber un delito, pero creía que iba a haber un delito el primer de trabajo en la oficina y grabando a sus colegas tomando café, eso me parece una excusa risible”, dijo Chaves.

En los dos expedientes por los que fue llamado hoy a la Fiscalía, el mandatario aparece en condición de ofendido.