Ley exige a funcionarios pagar sus pólizas, contrario a lo que pretende Gobierno
Tras el pronunciamiento de la Contraloría, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que hará una nueva consulta a la Procuraduría. La contratación del seguro quedará pausada hasta que se obtenga respuesta.
La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos exige a los funcionarios pagarse sus pólizas y esto incluye —a criterio de la Contraloría General— el seguro que el Ministerio de Hacienda pretende contratar para el presidente Rodrigo Chaves y su gabinete.
El titular del ramo, Nogui Acosta, defendió que, desde su punto de vista, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa hizo una interpretación errónea de los riesgos que se buscan asegurar a través del procedimiento de excepción que se tramita bajo el número 2024PX-000002-0009100001.
La norma en cuestión establece “todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio”.
Asimismo, la Contraloría señaló al sitio de noticias CRHoy.com —y posteriormente a Telenoticias— que la rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria que funge legalmente como medida de resguardo para que la administración cuente con un respaldo económico que le permita cubrir eventuales afectaciones a la Hacienda Pública.
El ente fiscalizador citó además pronunciamientos que ya ha hecho sobre el tema, como uno efectuado hace dos años, ante una consulta de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Sin embargo, Acosta defendió la tarde de este lunes, en una conferencia de prensa, que la Ley Reguladora del Mercado de Seguros permite al Estado contratar los seguros que necesite para su funcionamiento, según un dictamen de la Procuraduría.
"Nosotros somos conscientes de que, como respuesta a un medio de comunicación, la Contraloría General de la República esgrimió que la Ley de Administración Público establece las pólizas de fidelidad. Bueno, esas las pagamos todos. Pero para zanjar cualquier duda, vamos a volverle a preguntar a la Procuraduría General cómo deberíamos aplicar la norma", subrayó el ministro.
De acuerdo con el jerarca, mientras se evacúa la consulta, la contratación de la póliza se mantendrá pausada.
"¿Por qué le digo que vamos a hacer la consulta a la Procuraduría? Porque me parece que la Contraloría no está entendiendo los riesgos que se están asegurando. Hay una gran diferencia entre una póliza de fidelidad, como la que se pide a los funcionarios que van a resarcir al Estado, y otra en donde una póliza que lo que hace proteger la reputación de la institución y adicionalmente le da la posibilidad al funcionario de tener la tranquilidad de que la toma de decisiones no le va a generar un problema.
"Hay que aclarar que le estamos diciendo al funcionario que ejecute, que asuma la responsabilidad. Pero su responsabilidad implica una demanda temeraria o la sacada de clavo de un administrado que no se sintió acuerpado, lo vamos a defender, porque aquí lo que se busca es que las decisiones sean correctas, adecuadas y en tiempo", subrayó Acosta.
En la misma rueda con medios de comunicación, el vicepresidente Stephan Brunner rechazó que el seguro en cuestión venga a “alcahuetear” al gabinete actual.
De igual manera, enfatizó en que esto no aplicará en caso de dolo, por lo que en un caso de corrupción, por ejemplo, si se demuestra la responsabilidad del servidor, este deberá cancelar lo que haya usado en su defensa.
Para la adquisición de la póliza, Hacienda presupuestó ¢248,4 millones a desembolsar anualmente al Instituto Nacional de Seguros (INS). La misma se contempla para Chaves, sus vicepresidentes, ministros y viceministros.
