“La minería responsable es una mentira”, afirman actores que lucharon contra Infinito Gold

La posibilidad de que Costa Rica reactive la minería a cielo abierto en su territorio, de manera responsable, es una mentira. Así lo aseguran el biólogo Jorge Lobo y los abogados ambientalistas Edgardo Araya y Álvaro Sagot, tres de los actores más recordados en la lucha contra la canadiense Infinito Gold y la industria minera en el país.

Los tres coinciden en que la idea que ahora impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves de legalizar la extracción de oro en Crucitas, no solo significaría un retroceso en la imagen del país y el derecho ambiental, sino que además vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que siempre se han asociado con esa práctica.

“Eso de minería responsable es una mentira, es una falacia, no hay posibilidad de hacer una minería responsable en el entendido de que no va a realizar daño y no va a dejar destrucción y contaminación para las comunidades, eso hay que tenerlo muy claro.

“Ya perdió mucho tiempo este Gobierno esperando por un laudo que no iba a incidir, en lo absoluto, sobre lo que se pudiera o no se pudiera hacer en esa zona, y ahora vamos a seguir esperando dar una discusión que no va a llegar a ningún lado”, criticó el también exdiputado Araya.

Para Sagot, ese renovado interés marcha en contra de la imagen verde que abandera Costa Rica y que, además, supone una industria mucho más importante que la minera.

“Recordemos que los turistas vienen a Costa Rica a ver precisamente nuestros bosques, vienen a ver nuestros ríos, nuestras playas, dentro de las cuales muchísimas todavía están prístinas, no hay contaminación.

“Los turistas no vienen a Costa Rica a ver proyectos mineros; dicho de otra manera, nuestro oro verde precisamente está en los bosques, las playas y nuestros ríos. Desde esa perspectiva, yo creo que hay un error, puesto que a nivel internacional también nos promocionamos como un país verde”, señaló Sagot, quien insistió que además un proyecto de este tipo, en un país tropical, eleva aún más los riesgos de una tragedia ambiental.

Debate

El interés del Ejecutivo, fortalecido a partir de la victoria en el laudo internacional contra Infinito Gold, se sostiene en tres principales supuestos: que las prácticas mineras de la actualidad son más seguras que en el pasado; que ya hay un impacto ambiental en la zona de Crucitas producto de la extracción ilegal y, finalmente, que todo ese recurso que hoy se llevan los extranjeros en la zona podría ser aprovechado por el país para impulsar su desarrollo.

Sin embargo, los detractores opinan muy diferente.

Jorge Lobo, uno de los actores que establecieron la acusación contra Infinito Gold, insistió en que ninguno de esos argumentos permite justificar una decisión que reaviva lo que debería ser un tema superado.

“La prohibición de la minería metálica a cielo abierto forma parte de ese currículum ambiental que el país tiene y que ha servido para motivar su capacidad turística, especialmente, y creo que sería un tremendo error (eliminar) porque se hace con la excusa de que ya Crucitas está destruido y que entonces que importa hacer algo mejor, eso es una falacia.

“Crucitas ha sido dañado mucho por la actividad coligallera, pero todavía es un ambiente que tiene extensas áreas que pueden protegerse, lo que correspondería en este momento es proteger el área y propiciar su restauración y no terminar de destruirla”, sentenció.

Pero Lobo fue más allá: el biólogo pensionado, que tiene más de 25 años de lucha contra la minería a cielo abierto, explicó que en todo el mundo persisten los ejemplos de cómo esta industria ha traído destrucción y potenciales accidentes donde sea que vaya.

Pero lo más importante, insiste, es que la liberación de esa práctica, prohibida desde 2010 en el país, no sería un tema exclusivo de Crucitas.

“Lo que el Presidente (Chaves) dice de activar la minería legalmente en Crucitas no puede hacerse, porque tendría que ser una reforma de ley que ampliaría la minería a todo el país; o sea, no se puede crear una ley casuística solo para Crucitas, eso es un debate legal que ya he oído y que me parece que está claro.

“La única forma de permitir la minería en Crucitas sería ampliarla a nivel nacional, sería acabar con un artículo que la prohíbe y entonces tendríamos posibilidades de minería a cielo abierto en todo el país. Es una mala idea, definitivamente”, aseveró.

El otro punto es que, en realidad, el recurso minero de Costa Rica siempre se iría al extranjero.

“¿Qué es lo que el Presidente está planteando? ¿La creación de una empresa nacional tipo Recope, o está pensando también en la contratación de una empresa privada, como era el caso de Industrias Infinito? Son concesiones mineras que serían explotadas por empresas transnacionales o por empresas nacionales privadas; es decir, eso difícilmente lo va a poder explotar el Estado.

“Eso va a tener que ser concesiones a empresas privadas y muy posiblemente los que tengan el capital para hacer eso son empresas canadienses o extranjeras, ese es el punto: ¿Dónde está el capital para hacer esa explotación a esa escala? No estamos hablando de que túneles, va a tener que ser una gran inversión de millones y millones de dólares, se está olvidando ese punto, no se trata de que el oro está ahí a la mano, se requiere una inversión muy grande y habría que ver cómo es que se está pensando hacer eso”, añadió.

Lobo también señaló que la industria de extracción legal también trae consigo la explotación ilegal, pues los yacimientos se agotan hasta cierto punto y luego, su escasa rentabilidad, aleja a las empresas y atrae a los coligalleros.

Por todas estas razones, tanto Lobo como Araya y Sagot insisten en que darán la lucha contra esta propuesta como ya lo han hecho en el pasado.

“Dentro del sector ecologista ya se está hablando de hacer reuniones. A mí me han convocado a varias de ellos para hablar de cómo poder enfrentar, desde el punto de vista jurídico que sería mi área, estas modificaciones que se vayan a dar, sea con acciones de inconstitucionalidad o ver si se están tomando las salvaguardas ambientales en el proyecto”, sentenció Sagot.