Diputados aprueban en primer debate reforma al empleo público
El discutido proyecto fue avalado con el voto afirmativo de 32 legisladores y el rechazo de otros 15.
Con el voto afirmativo de 32 diputados este jueves se aprobó en primer debate el discutido proyecto de reforma al empleo público.
La votación sumó además el rechazo de otros 15 legisladores, en una muestra del creciente número de voces en contra que reunió la iniciativa que busca cambiar el paradigma de contratación y remuneración en el Estado.
¿Qué cambia?
El proyecto fue aprobado luego de una semana de discusión por el fondo y horas de análisis de mociones que finalmente componen una extensa propuesta cuyo principal cambio, sin duda, será la implementación de un salario global, que defiende básicamente que un funcionario de una institución debe ganar lo mismo que otro de otra entidad si desempeñan funciones idénticas o similares.
La propuesta aprobada establece que ese salario se definirá de acuerdo a ocho familias salariales y de puestos para toda la función pública.
La medida aplicará tanto a empleados nuevos como actuales. En el caso de estos últimos, los que estén por encima de ese límite dejarán de ganar aumentos hasta que ese salario los alcance, mientras que los que estén por debajo seguirán recibiendo incrementos hasta llegar a esa cifra.
Toda la rectoría del empleo público estará a cargo del Ministerio de Planificación, que se encargará de dictar las directrices y lineamientos en esa materia para todas las entidades sujetas a la reforma.
Las únicas exclusiones aprobadas al proyecto fueron las instituciones públicas en competencia, como el ICE o el INS. Para todos los demás, incluidas universidades públicas y poderes de la República, las reglas serán iguales.
También establece nuevos parámetros de evaluación al ejercicio de las funciones y la posibilidad de que un funcionario sea despedido sin responsabilidad patronal luego de recibir dos notas consecutivas inferiores a 70.
Las convenciones colectivas serán permitidas pero estas no podrán negociarse al alza ni aprobar ninguna erogación adicional a las existentes.
También se incluyó en la reforma la discutida objeción de conciencia, que le permitirá a trabajadores públicos acusar razones éticas, morales o religiosas para no recibir capacitaciones.
En el aire
El proyecto fue aprobado hoy con el respaldo de 32 diputados pero para convertirse en ley requerirá 38, luego de que el Poder Judicial considerara que su articulado lo afecta.
Eso significa que la amenaza que representan los 15 votos en contra de hoy no es menor, especialmente luego de que nombres como David Gourzong, Franggi Nicolás y Daniel Ulate (PLN) o Floria Segreda (Restauración Nacional), quebraran los apoyos que sus partidos habían prometido a la iniciativa.
El PUSC, que desde el inicio fue crítico del proyecto, aportó seis de sus ocho votos en contra de la reforma (solo María Vita Monge votó a favor), mientras que Welmer Ramos y Paola Vega fueron fieles a sus convicciones en el PAC.
Pero más allá de esa segunda votación, que tendría lugar tentativamente le próximo jueves, está la inminente consulta a la Sala Constitucional que ha sido prometida por la oposición y que podría retrasar, hasta en un mes, el trámite del proyecto estrella en la negociación con el Fondo Monetario internacional.
La Corte Plena aseguró días atrás que el proyecto es inconstitucional y que no pasará ese examen, especialmente por vulnerar la independencia de poderes al meterse en la definición salarial, contratación y evaluación del Poder Judicial.
Además, la iniciativa, que promete tentativamente un ahorro de 1,8% del PIB con su aplicación, ha sido cuestionada por ese verdadero impacto, no solo en términos económicos sino además sociales.
La consulta de constitucionalidad podría, según los detractores, ser presentada mañana mismo.