Contraloría plantea consulta sobre "Ley Jaguar" ante Sala Constitucional

La Contraloría General de la República (CGR) planteó una consulta sobre el proyecto de Ley Jaguar para impulsar el Desarrollo de Costa Rica ante la Sala Constitucional.

Dicha gestión fue presentada el jueves, después de un amplio análisis efectuado a lo interno del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, el cual fue dado a conocer por Teletica.com desde el pasado 26 de junio.

La misma se une a otras consultas formuladas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y por un grupo de diputados de oposición, liderados por el Partido Liberal Progresista (PLP).

Esta consulta se sustenta en las potestades que le da el artículo 96, inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

La Contraloría busca que se analice en su conjunto la constitucionalidad de las reformas propuestas, que incluye reformas parciales a cuatro leyes distintas, entre ellas, la orgánica del ente contralor.

También busca que "se advierta de los graves vicios que imposibilitan" que dicha iniciativa "sea sometida a referéndum", como lo pretende el Gobierno de la República.

"Lo anterior, en razón de que reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente", expuso el órgano auxiliar en un comunicado de prensa.

La institución sostiene que la llamada "Ley Jaguar" —con su numeral 7— elimina los controles previos que le han sido asignados a la Contraloría en la Constitución Política y otras leyes, como la aprobación presupuestaria de las municipalidades e instituciones del sector descentralizado, la aprobación de los reglamentos orgánicos de las auditorías internas y el refrendo de contratos.

Asimismo, en sus ordinales 2, 3 y 4 prevé eliminar el control de eficiencia en el manejo de los fondos públicos y de legalidad de los controles internos, de acuerdo con la Contraloría.

Estos cambios también impedirían al ente fiscalizador utilizar instrumentos de carácter vinculante, tales como disposiciones, órdenes o normativa, así como instrumentos preventivos, como recomendaciones, advertencias o recordatorios, destinados a que las administraciones corrijan sus actuaciones, añade la nota de prensa.

De igual manera, la Contraloría sostiene que la reforma contenida en el artículo 5 de la iniciativa suprime la posibilidad de adoptar medidas cautelares o precautorias en la fase de investigación o de procedimiento sancionatorio.

El presidente Rodrigo Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, niegan que estas propuestas disminuyan de alguna manera las facultades del órgano auxiliar y, en sentido contrario, sostienen que más bien las fortalece.

Asimismo, afirman que estas variaciones erradicarán la posibilidad de que se hagan interpretaciones de la ley, para propulsar el desarrollo de infraestructura.

"Las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno propuestas no solo violentan la independencia de la Contraloría, sino que son contrarias a las funciones que le han sido asignadas constitucionalmente. Además, deterioran la calidad de los insumos que la Contraloría brinda a la Asamblea Legislativa en su rol auxiliar, para ejercer el control político, y desconocen la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual las competencias de control y fiscalización del órgano contralor pueden ser fortalecidas o mejoradas, pero nunca rebajadas, disminuidas o suprimidas (sentencia 998-98)", resalta el comunicado.

El ente fiscalizador añadió que las reformas a la Ley General de Contratación Pública y la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) supuestamente permitirían escoger a dedo a contratistas o aliado estratégicos, respectivamente.

Se menciona además que la primera de las modificaciones en apariencia abre la posibilidad de que toda la obra pública pase por un procedimiento de excepción que fue diseñado para otra cosa (arrendamiento y compra de bienes que ya están disponibles en el mercado), sin mayores condiciones que garanticen la idoneidad del contratista, la calidad de las obras ni la razonabilidad del precio.

Para la Contraloría, estos últimos cambios violentan los principios constitucionales de licitación, transparencia, rendición de cuentas, igualdad y libre competencia. Al mismo tiempo, crean "terreno fértil" para la corrupción y la desviación de poder en la función pública.

Desde el punto de vista de la institución, el proyecto afecta el diseño constitucional de la Contraloría y el sistema de frenos y contrapesos. También viola los principios de eficacia y eficiencia en la función administrativa, transparencia, rendición de cuentas, control político; el derecho fundamental a una buena administración y servicios públicos.

También alerta de una transgresión de los principios de no regresión en las funciones de control de los recursos públicos y de contratación administrativa.