Congreso aprueba cuestionada reforma a la prisión preventiva
Los diputados adelantaron que el expediente irá a consulta de constitucionalidad ante las quejas e inquietudes que despierta.
El Plenario Legislativo aprobó este martes, en primer debate, la cuestionada reforma a las reglas con las que actualmente se analiza y otorga la prisión preventiva en Costa Rica.
Se trata del expediente 23.986, presentado por el liberacionista Gilbert Jiménez y que ha sido objeto de un amplio rechazo por sectores especializados como la propia Corte Plena, a pesar de que la idea surgió de la mesa de trabajo de los supremos poderes.
El último texto aprobado, que se dijo de consenso, establece que el tribunal ordenará la prisión preventiva cuando “exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad”.
Esa frase final fue uno de los puntos más cuestionados, pues se criticó lo ambiguo del término.
En su versión aprobada hoy, los diputados definieron comunidad como “el conjunto de personas que habitan en una zona geográfica específica en donde se desarrollaron los hechos punibles que son endilgados a la persona imputada y sobre los cuales existen motivos razonables para presumir que la vida e integridad física de este conjunto de personas se encuentra en peligro”.
El otro cambio es que, originalmente, se previó que los jueces estuvieran obligados a dictar la prisión preventiva cuando se cumplieran esas causales, pero en su versión aprobada se determina que esa decisión deberá analizarse y que, además, se incluirán delitos relacionados con drogas, homicidios o crimen organizado, lo mismo que la participación de menores de edad y en investigaciones de delitos previstos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
La votación acabó con el respaldo de 39 diputados y el rechazo de otros seis (cinco del Frente Amplio y la independiente Gloria Navas).
La bancada frenteamplista insistió en que la propuesta aprobada elimina el análisis judicial para determinar si la prisión preventiva es realmente necesaria y proporcional, que atenta contra el derecho a la presunción de inocencia y que defiende una “aplicación masiva de la prisión preventiva basada en criterios automáticos”.
La fracción ya había adelantado que buscaría las firmas necesarias para enviar el proyecto a consulta de constitucionalidad.
El propio Gilbert Jiménez aseguró que el texto se votó sin mayor discusión para precisamente dar paso a esa consulta, que frenaría el avance de la reforma mientras se pronuncia la Sala.
