La criminalidad tiene a Costa Rica "manos arriba"

“Escuchamos unos siete u ocho disparos, me despertaron los carros que venían chocando, derrapando, en persecución, el choque y luego unos siete disparos directos más. De película diría yo".

Así recordó una testigo lo ocurrido el viernes 14 de abril anterior en Vargas Araya, al enterarse que, a pocos metros de donde se encontraba, una persecución dejó dos muertos cuando ese día apenas se veían los primeros rayos del sol.

Las víctimas viajaban en un carro que era seguido por otro automotor. El vehículo que intentaba huir chocó contra un poste. Dos personas se bajaron y huyeron a pie, pero otras dos fueron atacadas dentro del carro y murieron baleadas.

Ese 14 de abril no fue un día cualquiera en Costa Rica. En una sola noche y madrugada mataron a nueve personas en distintas partes del país.

Ese mes que acaba de concluir sumó 78 homicidios, lo que lo convierte en el más violento en la historia criminal del país.

Las estimaciones apuntan a que las cifras van en crecimiento y que, para final de año, podríamos hablar de casi mil muertos, algo nunca antes visto.

Asi las cosas, el dato incrementaría mucho más la ya de por sí alta tasa de homicidios (12 casos por cada 100 mil habitantes).

La inseguridad tiene al país "manos arriba". Aunque el fenómeno se venía notando desde año algunos años, es ahora que esta "bomba social" explotó.

La criminalidad se convirtió en el problema más urgente de resolver, pese a que no tuvo un gran protagonismo en la campaña electoral.

¿Cómo solucionarlo?

Hace una semana, el presidente Rodrigo Chaves dijo que el Poder Ejecutivo es apenas uno de los que debe de actuar para frenar la criminalidad, pues también es tarea de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia.

A mediados de abril, se anunció que habría cambios en los roles de policía para tener más cantidad de oficiales en cada turno, pero la protesta de un grupo de agentes motivó que el propio mandatario se reuniera con ellos y diera marcha atrás en la idea. En otras palabras, la propuesta duró menos de tres días de vida.

"No hay ninguna policia en el mundo que tenga los recursos necesarios" dijo en una entrevista en el programa 7 Días el Ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, cuando explicó que este fenómeno no puede ser frenado solo con represión.

Torres argumenta que esta es la punta de un iceberg que debe ser combatida integralmente, no solo con uniformados, sino también con la intervención de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Educación Pública (MEP) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Este abordaje integral ha sido señalado muchas veces en el pasado, pero todo apunta a que pasarán muchos años más para que llegue a concretarse, si es que algún día ocurre.

Mientras tanto, el gobierno anunció una serie de proyectos de ley y pidió a la Asamblea apoyo para su aprobación, entre estos la extradición de nacionales.

Además, en su discurso del dos de mayo, el mandatario sostuvo que tendrán un mayor recurso humano en las calles para combatir al hampa.

"La operación “Costa Rica Segura” permitirá contratar 700 nuevos policías este año y darles más recursos tecnológicos y logísticos a los para que cumplan con su labor. Tendremos el primer Centro de Mando y Control con alta tecnología en Centroamérica, para fortalecer nuestra lucha frontal contra el crimen organizado, dijo en su mensaje ante los diputados".

Para mediados de este año, se espera que los nuevos escáneres estén funcionando en los puertos para aumentar las posibilidades de detectar trasiego de drogas ocultas en contenedores.

El Poder Judicial también presentó su paquete de proyectos, entre los cuales destaca el ampliar los plazos para las apelaciones y las prisiones preventivas.

Punto de no retorno

El criminólogo Andrés Muñoz dice que el problema tomará una dimensión mayor si llega a un punto de no retorno, es decir, cuando ya ninguna medida pueda hacer que el país vuelva a tener las tasas de homicidios que vivió en el pasado.

"La idea no es esperarse hasta ahí porque creo, y ya lo han dicho algunos profesionales también, que llegar a ese límite, a ese punto donde ya hay un empoderamiento de tal tipo, de tal magnitud, que la vuelta atrás es más difícil", aseveró Muñoz.

Según el experto, la comparación entre lo que se ha hecho durante los últimos años, y los resultados obtenidos, apunta a que las cosas no están funcionando.

"Si no nos replanteamos lo que estamos haciendo, porque tenemos no sé cuántos siglos de estar haciendo lo mismo, y cada año vemos el aumento, no solo en el gatillero con homicidios, si no de otros delitos, significa que lo que estamos haciendo no está dando réditos", defendió el experto.

Inteligencia policial

Víctor Vargas, exfiscal de robo de vehículos, coincide con que hay que enfrentar de manera integral, pero entre las medidas a corto plazo también hay que implementar acciones concretas, entre estas una mayor inteligencia policial.

En otras palabras, combatir el problema no solo desde la presencia policial, sino también penetrar las organizaciones.

Vargas también cree que se debe de pensar en reorganizar las fuerzas del orden para que la policía administrativa se encarga de tramitar asuntos menores y que los delitos mayores serán una tarea del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"El aumento de las penas no es una forma de controlar el delito" sentenció el exfiscal, con lo cual sale al paso de las propuestas que apuntan en ese sentido.

"Sería mejor que la pena de prisión  sea de 10 o 15 años pero con una efectividad en las investigaciones y que podríamos atraparlos (a los delincuentes)", concluyó Vargas.