Reos son trasladados a máxima seguridad sin considerar perfiles de riesgo, denuncia abogado

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) lleva a cabo el traslado de decenas de privados de libertad a Máxima Seguridad de La Reforma, sin verificar sus perfiles de riesgo.

Tal situación expone a los reos a quedar en los mismos módulos que sus enemigos o que miembros de  bandos contrarios, por lo que sus vidas corren peligro, denunció el abogado Rafael Rodríguez en una entrevista con Teletica.com.

Desde los ojos del jurista, la decisión anunciada el miércoles anterior por el titular del ramo, Gerald Campos, de incrementar el número de reclusos en Máxima Seguridad de 80 a 1.000 va en contra de lo estipulado en la Ley General de Adaptación Social y su reglamento.

"El problema que hay es que estas personas se están trasladando sin cumplir con el debido proceso que establece el reglamento y la Ley de Adaptación Social. Siempre se ubica la persona privada de libertad en un módulo de acuerdo a su perfil, de acuerdo con estudios que se hacen, al verificar que esa persona, con acuerdo al delito, a la pena, a algunas situaciones de riesgo que pueda tener al interno del centro penitenciario, sea ubicada para cumplir con la ejecución a nivel ya carcelario.

"Cuando se hacen movimientos de personas que ya están ubicadas, se requiere hacer un proceso en donde a la persona se le indiquen las razones por las cuales su ubicación actual va a ser variada. Y esto se le comunica al privado de libertad, que tiene derecho a decir las razones por las cuales considera que esa ubicación actual o la que se le va a variar no es pertinente para él. Esto es lo que se ha violentado específicamente", expuso el abogado.

En esa línea, Rodríguez arremetió contra la resolución DVJ-008-04-2025, emitida el 9 de abril pasado por el viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias.

Dicho documento, del que este medio tiene copia, se titula “Definición de espacios de alta contención en el Sistema Penitenciario Nacional”. Ahí se establecen como de máxima seguridad la totalidad del Centro Nacional de Atención Específica, además de los ámbitos B (solo dos módulos), D y E del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (antes conocido como La Reforma).

Asimismo, se indica que “en dichos espacios se ubicarán personas privadas de libertad que, conforme al análisis de la administración penitenciaria, requieran mayores niveles de seguridad y contención, ya sea por su perfil criminológico, riesgo institucional, conductas disruptivas o pertenencia a estructuras criminales”.

“El mensaje es: la gente mala va a estar ahí”, señaló Campos al dar a conocer la medida en la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves.

Para Rodríguez, con lo resuelto se pretende instalar el modelo que Nayib Bukele implementó en El Salvador. Precisamente, el ministro de Justicia visitó el 4 de abril pasado las cárceles Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la CERO OCIO en la nación vecina.

"Bukele lo que dijo era que quería poner a todas las personas y que si se querían matar entre ellos, que se mataran, pero que ahí era donde iban a estar ubicados. Esta situación en Costa Rica no lo permite. O sea, la norma establecida convencionalmente en los tratados internacionales de derechos humanos establece que se tiene que dar un trato digno y que el Estado tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas privadas de libertad.

"Si se van a hacer este tipo de situaciones, que se cumpla con el debido proceso, que se cumpla con las situaciones de seguridad que se requieren y que entonces el Ministerio de Justicia se haga cargo de las responsabilidades que se generan si se 

da un daño a las personas privadas de libertad", indicó el abogado.

Sin comunicación

Rafael Rodríguez también dijo que, como parte de la asesoría que da al grupo denominado Familias Penitenciarias, se enteró de que muchos de los privados transferidos están incomunicados.

También aseguró que uno de los reos fue sacado de su módulo sin sus pertenencias. Ahora, esa familia hace lo posible para volverle a hacer llegar al recluso sus cosas.

"Se están haciendo traslados a la fuerza a gente que está con tiempo de estar en una ubicación que ahora se está cambiando, que le cambian sus posibilidades, que no tiene comunicación con la familia y que a nivel, intracarcelario o extracarcelario, no se les está permitiendo hacerles llegar lo que ellos requieren", detalló.

Rodríguez explicó que desde la semana pasada trabaja en un recurso de amparo que espera presentar pronto ante la Sala Constitucional, así como una queja para estudio del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.

Posición del Ministerio

Acerca de este tema y ante uan consulta de Teletica.com, el Ministerio de Justicia defendió los traslados argumentando que se basan en criterios técnicos. 

"Estos movimientos responden a decisiones administrativas fundamentadas en criterios técnicos, operativos y de seguridad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 4762, que crea la DirecciónGeneral de Adaptación Social; el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional (Decreto Ejecutivo N.º 40849-JP); y el Reglamento de Organización Administrativa
del Ministerio de Justicia y Paz (Decreto Ejecutivo N.º 41109-JP). En el marco de sus competencias legales, la Dirección General de Adaptación Social ha avanzado en la implementación de los denominados Espacios de Alta Contención, con el objetivo de aplicar un modelo de atención diferenciada a personas privadas de libertad con perfiles criminológicos, conductuales o de riesgo institucional elevado, y que pueden representar un riesgo para la seguridad ciudadana".

Eh su respuesta,  el ministerio insistió que estos trasladados se realizan conforme a procedimientos establecidos, sin hacer uso desproporcionado de la fuerza, permitiendo a la persona trasladar sus pertenencias báscias y manteniendo comunicación con familiares.

"En los casos en que alguna persona manifieste preocupaciones específicasrelacionadas con su ubicación, las autoridades penitenciarias valoran dichas situaciones y adoptan las medidas necesarias para preservar su integridad física", aseveraron en la cartera.

El comunicado también indica que todo esto tiene que ver con reordenamiento estratégico debido a la sobrepoblación penitenciaria y decisiones judiciales que han limitado la operación de algunos centros.