Primer año del caso Diamante: ¿Cómo avanza la investigación?

El 15 de noviembre de 2021 el país despertó con la noticia de un megaoperativo judicial que incluía 40 allanamientos en diferentes puntos del país, entre ellos la casa del sempiterno alcalde de San José, Johnny Araya.

La noticia evolucionó rápidamente cuando se confirmó, poco después, que la vivienda de Mario Redondo, jerarca de la Municipalidad de Cartago, también estaba dentro de los objetivos de las autoridades.

Más tarde, el exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza (q.d.D.g), sumaba a la lista a los alcaldes Alberto Cole (Osa), Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú), así como a las municipalidades de Golfito y Siquirres.

A todos ellos se les acusaba de formar parte de una red de corrupción con obra vial municipal en favor de la empresa constructora MECO, que conseguía mejores y más rápidos contratos con los municipios señalados.

Por esa misma razón, se detuvo además a cinco trabajadores municipales y otros dos empleados privados en un caso que se bautizó como “Diamante”, según Espinoza como una suerte de metáfora para con lo que debería ser el funcionario público: duro, transparente, sin rayaduras y difícil de contaminar.

Sin embargo, no fueron pocos los que dudaron de esa explicación, dada la tradicional relación que se ha hecho de Araya con la figura de “Joe” Quimby, el famoso “alcalde Diamante” de Los Simpsons.

Los seis alcaldes detenidos fueron puestos en libertad dos días después, pero suspendidos de sus cargos durante seis meses.

Pasado ese tiempo, se reincorporaron a sus funciones, no sin antes pasar por la discusión sobre si podrían o no cobrar los salarios durante ese tiempo, algo que finalmente no sucedió.

¿Cómo avanza el caso?

Hasta ahora, el Ministerio Público se encuentra todavía en la etapa de análisis de las pruebas recogidas durante el megaoperativo de hace un año.

La defensa y la Fiscalía mantienen además una disputa por la declaratoria del caso como “crimen organizado”, un punto medular para sostener la investigación, pues esta se respalda en una serie de escuchas telefónicas que parecen comprometer a los investigados, pero que no podrían utilizarse como prueba si el caso no es declarado como tal.

Mientras tanto, todos los investigados están en libertad y ejerciendo sus funciones con normalidad, excepto en el caso de Alfredo Córdoba, a quien el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le retiró sus credenciales como parte de una sentencia judicial de 2019 por realizar nombramientos ilegales.

Se le consultó al Ministerio Público por una actualización sobre el expediente; sin embargo, al cierre de esta no había sido posible obtenerla.