Nuevo ministro pedirá cuentas a directora de Infraestructura del MEP por caso Richter

El nuevo ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, pedirá explicaciones a la directora de Infraestructura Estudiantil (DIE), Lourdes Sáurez, tras las revelaciones hechas por Telenoticias sobre el caso policialmente conocido como Richter.

Así lo hizo ver el jerarca durante una entrevista con Teletica.com, en la que se le consultó si abriría algún procedimiento interno o si plantearía separar a la funcionaria de su cargo mientras se aclara su supuesto vínculo con el diputado Leslye Bojorges en la trama de presunta corrupción.

La Fiscalía General confirmó a este medio que investiga a Sáurez por aparente tráfico de influencias, bajo la sumaria 24-000059-0033-PE. En el marco de esa pesquisa, el Ministerio Público le decomisó el celular a la servidora el 22 de enero pasado.

"Yo pienso en estos días conversar con la directora de Infraestructura. Entiendo que este es un proceso que está obviamente en investigación, está judicializado y demás, pero quisiera comprender un poco qué es lo que ha sucedido. Entiendo que le decomisaron el celular, por (lo que ha salido en) la prensa y demás, que eso ya es público.

"Pero siendo la dirección de infraestructura una dirección tan importante del Ministerio de Educación Pública (MEP), nos vamos a sentar, vamos a conversar, etcétera. Creo que todos tenemos derecho a la defensa, lo que hay es un proceso y el proceso está empezando. Ahí tomaremos decisiones", indicó Sánchez en su tercer día como titular de la cartera.

El jerarca confirmó que será hasta después de ese encuentro que tomará una decisión sobre el futuro de la trabajadora.

Sobre este particular, Teletica.com solicitó una posición de Sáurez a través de la oficina de prensa de la cartera; misma que indicó que no ha sido notificado de diligencia alguna, lo que impide dar cualquier respuesta sobre el caso Richter.

Relación cercana

A Lourdes Sáurez le achacan presuntos “favorecimientos y complicidades” a Leslye Bojorges.

Lo anterior se desprende de la ampliación de informe 75-OECDO-2024 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del cual este medio tiene copia. Dicho documento incluye las conclusiones derivadas de una intervención de las comunicaciones del congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la causa 23-000087-0033-PE.

En este punto, es necesario mencionar que el caso Richter se dividió en dos expedientes. El 23-000087-0033-PE, en el que solo figura Bojorges. Y el 24-000059-0033-PE, que se sigue contra Sáurez; el viceministro de Transportes, Carlos Ávila; la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez; la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna; así como el regidor de Alajuela, Arturo Campos.

La separación responde que el legislador, en virtud de su cargo, tiene un fuero de protección, que por mandato del Código Procesal Penal debe tramitarse bajo un procedimiento especial.

Ahora bien, sobre la directora de Infraestructura, el informe policial hace referencia a la cercanía de esta con Bojorges y a como, supuestamente, fungió como mediadora en aparentes reuniones del diputado con la exministra del ramo, Anna Katharina Müller.

Tras el estallido del escándalo de presunta corrupción, Bojorges renunció a sus aspiraciones presidenciales y se separó temporalmente de su fracción; sin embargo, rechazó haber beneficiado de alguna manera a un autobusero de apellido Herrera, actualmente investigado por un megacaso de fraude registral denominado como Madre Patria.

Precisamente, ese vínculo y la aparente recepción de dádivas de parte del congresista fueron los que originaron el caso Richter. El legislador sostuvo que sus comunicaciones con el empresario se enmarcaron en una intervención que hizo por una comunidad de Alajuela; provincia que representa en la Asamblea Legislativa. También reconoció haber intercedido para que ayudara a Jiménez, quien entonces aspiraba a llegar a la alcaldía de San Ramón.