Exdirectivos del antiguo Banco Anglo perdieron juicio contra Costa Rica ante la Corte IDH
Los 17 recurrentes alegaron en su momento que el Estado violentó su derecho de acceder a un recurso que les permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales.
El Gobierno de la República Costa Rica celebró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre una denuncia que plantearon 17 condenados penales costarricenses, entre ellos cinco exdirectivos del antiguo Banco Anglo.
El Banco Anglo cerró en 1994 luego de una serie de irregularidades financieras. Los cinco exdirectivos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de peculado.
Ellos fueron Manfred Amhrein, Ronald Fernández Pinto, Carlos González Lizano, Arturo Fallas Zúñiga y Carlos Osborne Escalante.
Los 17 recurrentes alegaron en su momento que el Estado costarricense violentó su derecho de acceder a un recurso que les permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales que se les impusieron por diversos delitos.
El Estado siempre sostuvo que los condenados omitieron acudir a los recursos legales vigentes para solicitar la revisión de condenas.
Para eso estas 17 personas presentaron su caso ante la Comisión IDH, con sede en Washington, que acogió la denuncia.
Posteriormente, dicho órgano elevó la demanda a la Corte -con sede en nuestro país- en noviembre del 2014 y este martes el alto tribunal notificó al Estado costarricense sobre el fallo favorable para el país.
“Este Tribunal analizó cada uno de los casos a los efectos de determinar si los recursos efectivamente interpuestos por las presuntas víctimas fueron resueltos respetando el derecho de aquellas a una revisión integral de sus sentencias condenatorias; concluyendo que el Estado, en esos casos, no violó el derecho a recurrir el fallo”, dice textualmente el documento.
Durante el litigio, el Estado costarricense enfatizó en la indebida acumulación, por parte de la CIDH, de ocho peticiones con 17 presuntas víctimas sentenciadas por diversos delitos, cuyos casos habían sido resueltos a nivel nacional, con la aplicación de diferentes regímenes penales.
Asimismo, cuestionó la falta de análisis riguroso de cada una de las 17 pretensiones, en las que no se demostró el supuesto agravio alegado, indicó la Cancillería en un comunicado de prensa.
La CIDH y las presuntas víctimas pretendían que la Corte IDH declarara que el Sistema Procesal Penal costarricense violentó el derecho a la revisión integral del fallo en todos los casos, lo que implicaba indirectamente el reconocimiento de la nulidad de la totalidad de procesos penales con sentencia firme antes del 2010 (año en que se creó el recurso de apelación en materia penal).
La coordinación general de la defensa del Estado estuvo a cargo de la embajadora Gioconda Ubeda, abogada en la defensa del Estado costarricense ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la coordinación adjunta en manos de Eugenia Gutiérrez Ruiz, diplomática con experiencia en derechos humanos.
Ambas fueron las Agentes del Estado costarricense junto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Manuel Arroyo y posteriormente Doris Arias Madrigal.
El equipo jurídico lo integraron 15 abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Justicia, la CSJ, así como colaboradores con gran experiencia judicial y penal.