Cuestionamientos de diputados a proyecto de huelgas carecen de sentido, afirma constitucionalista

La consulta de constitucionalidad presentada este jueves a la Sala IV por el proyecto de huelgas está llena de sinsentidos, según el análisis del abogado Rubén Hernández.

Hernández, especialista en derecho constitucional, aseguró que la mayoría de los puntos consultados por 13 diputados contra la iniciativa más bien terminan por afectarlos en su lucha.

La queja principal de los legisladores que presentaron la consulta es la reforma que propone el proyecto al artículo 379 del Código de Trabajo, específicamente con la posibilidad de suspender el salario de manera inmediata a aquellos trabajadores que se declaren en huelga.

Los diputados aseguran que el cambio atenta contra el derecho a la huelga y los principios de buena fe, razonabilidad y proporcionalidad.

“No tiene ningún sentido. Ellos (diputados) están ignorando que la ley en ninguna parte dice que a un trabajador que no trabaja hay que pagarle, la única excepción a esto son las vacaciones. Si eso fuera posible no habría ninguna diferencia entre vacaciones y salario en las huelgas ilegales. Es un contrasentido”, aseguró el especialista.

Otro de los puntos debatidos es la imposibilidad de realizar huelgas en servicios esenciales como salud o seguridad pública. Los legisladores aseguran que la ley ya establecía esa restricción pero para trabajadores “absolutamente indispensables”, no todos los de un sector como propone la reforma.

“Eso más bien jugaría en contra de ellos. Con ese argumento lo que la Sala debería de decir es que todos los servicios son esenciales. Esas categorías de servicios (esenciales, trascendentales y estratégicos) es un artificial, eso fue una negociación con los diputados, pero jurídicamente carece de sentido. 

"¿Cómo la educación no va a ser esencial? Eso más bien les está dando derechos que no da la Constitución. En esa segunda y tercera categoría hay muchos que son esenciales”, dijo Hernández.

La consulta, que va dirigida tanto por la forma como por el fondo, también apunta a la restricción en movimientos contra políticas públicas por un máximo de 48 horas, que según los legisladores es otro obstáculo a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.

“Establecer una huelga política es inconstitucional. La Constitución más bien es clara en que las huelgas proceden para defender los derechos económicos y sociales, en ningún momento se garantiza la huelga política porque si así fuera ¿qué diferencia habría entre un sindicato y un partido político?

“Los sindicatos están constituidos en todas partes para la defensa de sus derechos económicos y sociales pero que surjan a partir de la relación laboral. No tiene sentido”, añadió el experto.

En lo que sí les dio la razón Hernández a los diputados es en la queja de que la reforma exige al Ministerio de Trabajo que no solo les pida a los sindicatos una actualización periódica de sus agremiados, sino que estas listas sean públicas y de libre acceso.

“Ese es el único punto que para mí es válido. No hay ninguna justificación para que se viole la privacidad de los trabajadores en este punto, nada justifica ese interés de conocer los agremiados de uno de estos grupos.

“Para mí (los consultantes) están buscando pelos en la sopa. Después de la lección que dio hoy la Contraloría a la Caja quién en la Sala va a querer apoyar esto?”, cuestionó Hernández.

Si acoge la consulta la Sala Constitucional tendrá alrededor de un mes para dar una respuesta a los diputados.

El proyecto se aprobó en primer debate el pasado martes con el apoyo de 40 diputados. La idea era que se votara este jueves en segundo, pero la consulta obligó a aplazar esa decisión.