BID y Economist Impact destacan el avance de las APP en Costa Rica en nuevo estudio

Las APP son asociaciones público-privadas diseñadas con esquemas de inversión a largo plazo que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado. 

El informe publicado este miércoles y elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Economist Impact, la unidad de análisis del medio The Economist, busca evaluar la capacidad de los países para movilizar las inversiones privadas a través de este tipo de asociaciones público-privadas.

Entre los países evaluados en el informe, titulado Infrascope 2021/2022, se encuentra Costa Rica, quien ha implementado esta modalidad desde el año 1992, con un enfoque muy puntual hacia los proyectos eléctricos y renovables.

Dichos proyectos incluyen el Parque Eólico Alisios (lanzado en 2013) y la planta de generación eólica de Orosi (2015), cuyo éxito destaca Infoscope, detallando que en el periodo de 2010 a 2019, el valor de la infraestructura de las APP nacionales llegó a representar más del 4% del total de las inversiones en infraestructura en el país.​

“Las Asociaciones Público-Privadas representan una gran oportunidad para expandir mercados, generar empleos, contribuir a la recuperación económica y el crecimiento de la región, ya que fomentan la sostenibilidad, eficiencia e innovación. Por eso desde el BID, a través de nuestra Ventanilla Única en APP, estamos apoyando la colaboración entre los sectores público y privado bajo este modelo, y para lograrlo el primer paso es comprender los desafíos y oportunidades que cada país tiene, de ahí la importancia de herramientas de análisis como el Infrascopio”, indicó el Presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, durante la presentación del estudio.

Según el informe, Costa Rica goza de un amplio respaldo político en cuanto a las APP, particularmente desde figuras de alto nivel en los órganos ejecutivos y legislativos.

Destaca las regulaciones legales de estas adquisiciones como una fortaleza clave, ya que exigen reglas específicas para la licitación pública y para la transparencia de los documentos, algo que ha evitado que los APP se concentren en pocas empresas. Sin embargo, también señala que estas leyes carecen de elementos que velen por la promoción de la financiación sostenible, inclusión social, equidad de género y creación de empleo.

Pese a ello, el estudio coloca a Costa Rica como el país cuenta con uno de los procesos de selección de proyectos más completos de la región.

Este sector opera bajo la supervisión del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), encargado de promover, asesorar, contratar y gestionar las concesiones, y de la Unidad de APP del Ministerio de Finanzas, responsable de la planificación estratégica, de las evaluaciones de riesgo y de la asesoría técnica.

No obstante, sobre este punto también se destacan algunas desventajas. La principal de ellas siendo el hecho de que en Costa Rica no existe una entidad específica que asuma todas las responsabilidades de los APPS, ya que actualmente estas tareas están fragmentadas entre las dos instituciones antes mencionadas, lo que genera superposiciones en los esfuerzos y una falta de claridad en algunas funciones.

El estado de las APP en otros países de la región

Infoscope 2021/2022 concluye que los países de América Latina y el Caribe han dado pasos significativos en la creación de entornos propicios para el desarrollo de estas asociaciones. Destaca especialmente la labor de Brasil y de Chile, aunque también resalta el alto de rendimiento de otros cinco países: Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay.