23% de solicitudes para servicio de agua se rechazan en Costa Rica
El informe de la Aresep indica que los cantones con más rechazos son Aserrí, Moravia y Goicoechea.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) presentó un informe sobre la disponibilidad de agua en Costa Rica.
Este informe se basa, principalmente, en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las Asadas.
25.824 trámites para obtener el servicio de agua fueron rechazados en 2022, lo cual representa el 23% de las nuevas solicitudes.
Solamente el AyA y la ESPH presentaron niveles de rechazo de solicitudes de servicio superiores al porcentaje nacional, llegando al 33% en Cartago, y al 28% en Alajuela y San José.
Por su parte, en la provincia de Heredia el porcentaje fue de un 12,4% (ver nota adjunta de Telenoticias).
"La primera fuente es la falta de capacidad hidráulica de un sistema, que tiene que ver con tuberías, que tiene que ver con el alcance de la red de distribución. Y la otra causa de poca factibilidad técnica es la falta de capacidad hídrica: no hay suficiente agua en la red de distribución, y llevarlo hasta las casas", explicó Gabriel Villalobos Rosales, coordinador del estudio de Aresep.
Villalobos explicó que no hay que ignorar que la primera causal que aparece es el rechazo por falta de cumplimiento y requisitos de los usuarios.
A nivel de cantones, 31 de los 59 que fueron analizados tienen rechazos de las solicitudes de agua sumamente altos. Por ejemplo, en Aserrí el 75%, Moravia el 51% y Goicoechea un 48%. Hay que tomar en cuenta que son cantones de mucha población.
"En el cantón de Aserrí, el acueducto es municipal y ese 75% de rechazo son los datos que nos dio el proveedor, AyA.
"Podría deberse a que las personas van a Acueductos y Alcantarillados a pedir servicio y se les rechace porque no es una zona de cobertura", indicó Éric Bogantes Cabezas, regulador general.
Este documento será remitido a las autoridades de cada operador de agua, además, al Ministerio de Ambiente, a la Defensoría de los Habitantes, al Informe de Estado de la Nación, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y servirá como insumo para la toma de decisiones.
