Diputados reducen proyecto PAGAR a un tercio: serán ₡85.554 millones

La propuesta del Gobierno de trasladar ₡226.145 del superávit de 11 instituciones para el pago de la deuda pública se terminó de enterrar hoy en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

La iniciativa presentada en febrero anterior se enfrentó desde el primer día al rechazo de varias instituciones y finalmente a la pandemia del COVID-19, que acabó de reducir a casi un tercio las aspiraciones del Ejecutivo.

Este miércoles, los diputados aprobaron un texto sustitutivo que deja en ₡85.554 millones ese traslado a partir del aporte de solo seis instituciones:

La Junta de Protección Social (₡15 mil millones), el Instituto de Desarrollo Rural (₡17 mil millones), la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional (₡18.598), la Junta Administrativa del Registro Nacional (₡24 mil millones), el Fondo del Consejo de Salud Ocupacional (₡10 mil millones) y la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (₡956 millones).

Quedaron por fuera el INA, ICT, Sutel y Fonatel, todas habían presentado objeciones a ese traslado por su situación particular o el impacto de la pandemia.

En el caso de Soresco, su aporte queda suspendido hasta que no se tenga claro el resultado del arbitraje que se lleva a cabo.

Los diputados aseguraron que el nuevo texto sustitutivo le da viabilidad a un expediente que no la tuvo desde el primer momento, precisamente por la falta de socialización y consulta del Gobierno en el desarrollo de la propuesta.

“El Gobierno envió aquí un proyecto de ley sin ni siquiera conversarlo al respecto, sin decirle a la Asamblea lo que espera en términos de aprovechamiento del recurso público, por eso se demoró tanto en esta aprobación y con un recurso mucho más limitado, con recursos que sí sirven de mucho pero que reflejan la falta de criterio, cuidado y negociación del Poder Ejecutivo”, criticó el liberacionista Gustavo Viales.

La también verdiblanca y presidenta de la comisión, Silvia Hernández, aseguró hoy que esta es una de las últimas propuestas que quedaba viva de aquella promesa de reactivación económica y reducción de deuda que presentó el Gobierno en febrero anterior.

Según la legisladora, la venta de activos como BICSA y Fanal y la reducción efectiva del gasto siguen siendo promesas que se quedan en nada y que crearon falsas expectativas.