Aprueban ley para promover salud mental en todos los centros educativos del país
El Poder Ejecutivo tiene seis meses para publicar los reglamentos.
Un equipo de Calle 7 Informativo conversó con un grupo de estudiantes de colegio. En identidad protegida, ellos revelaron lo inseguro que se volvió su centro de estudio: el bullying, los pleitos y hasta las redes sociales deterioran la salud mental de los alumnos, señalaron los entrevistados.
Esto es lo que se vive en las aulas de nuestro país. Costa Rica, inclusive, es la nación con mayor porcentaje de casos de acoso escolar de todo el mundo, según una publicación de la ONU.
Por eso, se aprobó en segundo debate un proyecto para incluir un plan de salud mental en centros educativos. La enseñanza de esta materia será declarada de interés público y se incluirá gradualmente en los programas de estudio del sistema educativo costarricense (ver nota completa en el video adjunto).
Las madres lo ven con buenos ojos. Al menos, para doña Adriana Barrantes, quien tiene dos hijos en el colegio, y para doña Laura Zúñiga, madre de tres estudiantes, estos planes son necesarios.
¿Pero qué esperan ellas de estos programas?
“Creo que deben enfocarse en enseñarle a los jóvenes a tener inteligencia emocional. Es necesario que los chicos aprendan sobre estos temas y los tengan presentes. Desde la casa es ideal que uno como madre o padre les enseñe eso también”, aseguró doña Adriana. Mientras que doña Laura instó a las autoridades a promover más el deporte dentro de estos programas. “Es vital que a los jóvenes se les den más espacios de recreación. El deporte es buenísimo para la salud mental”, comentó.
El Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública (MEP) serán los encargados de diseñar e implementar el plan de salud mental. Este debe incluir medidas preventivas, estrategias para la detección temprana de trastornos mentales, y actividades que promuevan la inclusión y prevengan el acoso escolar.
Se otorgará un plazo de seis meses para que el Poder Ejecutivo publique los reglamentos necesarios para garantizar la operatividad de la ley.
