El 2024 será recordado como un año de intensas tragedias y retos judiciales en Costa Rica. La violencia, en su forma más cruda, continúa marcando la pauta: homicidios, feminicidios, ataques a autoridades y una creciente inseguridad pública que se extiende desde los rincones más alejados hasta los centros urbanos del país.
Con 828 homicidios reportados hasta mediados de diciembre, Costa Rica continúa atrapada en una espiral de violencia, donde la promesa de un futuro más seguro parece cada vez más lejana.
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El criminólogo Erick Villalba es claro al respecto: “La inseguridad persiste, y la frase más común es: te pueden matar hasta dentro de la casa, ya nadie está seguro.” A pesar de una ligera disminución en los homicidios en comparación con 2023, la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado sigue presente, sin señales de que la violencia ceda.
Uno de los focos más alarmantes del año fue la violencia en espacios públicos. En febrero, un tiroteo en el Hospital Tony Facio de Limón, donde un paciente fue asesinado, evidenció la magnitud del problema.
Las balaceras y ajusticiamientos en lugares públicos dejaron al menos 34 muertos hasta el 3 de octubre, entre ellos un niño de 11 años que murió protegiendo a su madre en Batán y un bebé de 10 meses fallecido en Aserrí. Según Villalba, “el comportamiento del sicario en Costa Rica es claro: no es una persona profesional, es alguien que no le interesa si hay mujeres o niños a su lado.”
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La violencia no solo ha golpeado a la sociedad civil, también a las autoridades. En enero, el asesinato del oficial Bryan Josué Rivera Oviedo en Herradura, y el ataque contra una jueza en Tarbaca en marzo evidenciaron el creciente desafío que enfrenta el sistema judicial.
“La legitimidad del sistema de administración de justicia depende de una construcción social que nos dice que quienes son depositarios de la ley gozan de autoridad para ejercer sus cargos. Si se erosiona esa imagen, también se debilita la legitimidad de todo el sistema”, afirmó el criminólogo Rodrigo Campos.
En medio de la violencia, publicaciones internacionales revelaron posibles vínculos entre el gobierno y el narcotráfico. El fiscal general Carlo Díaz confirmó que el Ministerio Público investiga dos denuncias anónimas, lo que llevó a la Asamblea Legislativa a abrir una investigación en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad.
El narcotráfico en Costa Rica, como punto clave de tránsito hacia Europa y Estados Unidos, se mantiene como uno de los mayores desafíos de 2024. Randall Zúñiga, director del OIJ, destacó el aumento en el uso de contenedores marítimos para el transporte ilícito de cocaína.
“Hay una preocupación constante por evitar la contaminación de contenedores, especialmente los que salen de Puerto Moín, o por evitar el ingreso de droga a través de la costa pacífica. Este es un tema pendiente: Costa Rica necesita más herramientas y tecnologías modernas, no se puede cubrir todo un territorio oceánico con unas pocas embarcaciones", señaló Campos.
Para mediados de septiembre, el país reportaba un total de 13.199 kilogramos de cocaína decomisados, mientras que el año pasado se incautaron 15.680 durante todo el periodo. En el caso de la marihuana, la reducción es todavía más notable: el año pasado se decomisaron 15.847 kilos, mientras que este año se registran solo la mitad.
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La violencia de género marcó el 2024 con casos desgarradores como el de Kimberly Araya, hallada sin vida cerca del túnel Zurquí; Emilce Soto, desaparecida en marzo en Palmar Sur y cuyos restos aparecieron meses después; y Nadia Peraza, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un refrigerador.
Hasta noviembre, se registraron 21 feminicidios, manteniéndose la preocupante tendencia de más de 20 casos anuales en los últimos cinco años. Según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “lo que ha cambiado es la forma en la que se cometen los feminicidios y cómo los hombres tratan de ocultar los cuerpos”.
En medio de estos casos de violencia de género, durante el año también destacaron importantes operativos judiciales. La operación “Shark” desmanteló una red criminal de extracción ilegal de oro, mientras que “Madre Patria” atacó el fraude registral y la legitimación de capitales.
Quizás el más sonado fue el llamado “Caso Barrenador” que destapó un presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos para 138 Ebáis y 10 áreas de salud de la CCSS. Por este caso, se dictó la suspensión temporal de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mientras continúan las investigaciones.
El 2024 también dejó un saldo trágico de catástrofes naturales. La emergencia por lluvias en Guanacaste, que dejó a casi 2.000 personas albergadas, fue una de las imágenes más latentes del impacto de la crisis climática en nuestro país.
A esto se sumó el accidente aéreo en Pico Blanco, ocurrido el 25 de noviembre, cuando una aeronave que despegó de Barras de Tortuguero, Limón, con destino al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, se estrelló en la zona montañosa. El siniestro cobró la vida de cinco personas y dejó a una sobreviviente, cuya historia ha sido catalogada como milagrosa debido a la gravedad del incidente.