Sucesos
"No tienen agua ni para lavarse los dientes", reclaman familiares de privados de libertad
Denuncian que una de las bombas subterráneas, que abastece el líquido en La Reforma, se dañó hace 15 días.
Familiares de Luany Salazar, Allison Bonilla, Eva Morera, Nataly Madriz y otras víctimas de femicidio protestaron, este lunes, para llamar la atención del Estado por las penas tan pequeñas de cárcel que reciben los homicidas.
La manifestación se realizó frente a los Tribunales de Justicia en San José.
Este grupo pide justicia por las víctimas y denuncia que las penas de pocos años "dan espacio a los asesinos para salir y cometer otro homicidio".
Yendry Vázquez, mamá de la joven Allison Bonilla, cree que las autoridades deben de actuar con mayor criterio a la hora de sentenciar a un delincuente.
“Queremos que las penas de cárcel sean mayores y no como el caso de mi hija, que al asesino le dieron solo 18 años. Esto es lamentable porque hay muchas personas detrás que sufren por la pérdida de un ser querido, en este caso mi hija”, comentó Vázquez.
Según Óscar Morera, padre de Eva, quien fue asesinada por su novio, es importante que la gente está tomando consciencia de que este es problema serio y no se puede tolerar la violencia contra las mujeres en ningún sentido.
Este grupo de personas considera que el esfuerzo de padres, amigos y otros familiares, quienes luchan día a día, conmueve muchos corazones.
“Nos reunimos para pedir más empatía y menos impunidad, las autoridades deben de entender que el feminicidio es violencia y desprecio contra la mujer, por eso queremos fallos que digan con fuerza que este tipo de violencia no es permitida”, dijo Patricia Zamora, mamá de Luanny.
Durante la mañana de este lunes, las familias se reunieron en Casa Presidencial con el mandatario Carlos Alvarado, quien firmó la ley que amplía el concepto de femicidio.
La nueva normativa extiende los alcances de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y sus reformas, al introducir el concepto de “femicidio en otros contextos” con penas de hasta 35 años de prisión.
“La firma de esta ley amplía y fortalece las herramientas jurídicas para sancionar los distintos tipos y grados de violencia contra las mujeres, ofreciendo mayor protección a las víctimas, testigos y denunciantes del flagelo de la violencia de género en nuestro país”, indicó el Presidente Alvarado.