El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó las medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público contra el dueño de una finca en Gandoca-Manzanillo, en Limón, y cuatro personas más, por aparente uso ilegal de suelo.
Al empresario de apellido Pacheco, así como a tres funcionarios de Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), una regente forestal y el representante legal de Playa Manzanillo S.A., firma que gestiona la construcción de un condominio de lujo en la zona, se les investiga por los supuestos delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso relacionados con los aparentes daños ocasionados que involucró la tala de decenas de árboles y la afectación de un humedal.
Según la resolución del expediente 24-00003-1851-PE, el Ministerio Público no incorporó (en la acusación) todas las solicitudes planteadas por la defensa que pretenden que se aclaren los peritajes emitidos por los Departamentos de Biología e Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, tras conocer la resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, la cual rechaza las medidas cautelares solicitadas por los despachos, se determinó que lo que procede es interponer un recurso de apelación.
“Las Fiscalías se encuentran trabajando en la apelación, la cual será presentada al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que se programe una nueva audiencia, en la que el Ministerio Público reiterará su petición”, indicó el Ministerio Público.
El pasado martes 16 de julio, se realizaron seis allanamientos en las oficinas centrales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en Heredia, así como en las del Área de Conservación La Amistad - Caribe, en Limón; también en varias casas ubicadas en Cahuita, Limón, Sarapiquí y Curridabat, con el objetivo de hallar evidencia importante para la investigación.
Lo que se investiga es si en una finca inscrita a nombre de Playa Manzanillo S. A., en Talamanca, Caribe Sur, se talaron árboles con el objetivo de cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, para posteriormente desarrollar una infraestructura urbanística.
Esa propiedad es parte de las 137 fincas que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) entregó a manos privadas.
La Sala Constitucional ordenó devolver esos terrenos al patrimonio del Estado.