Política
Diputados apelarán resolución de la Procuraduría sobre “Cementazo”
33 legisladores acordaron apelar la decisión de la PEP de desestimar la denuncia contra el expresidente Luis Guillermo Solís, incluida en el informe legislativo del caso.
La Fiscalía General confirmó este miércoles que acusó al empresario Juan Carlos Bolaños y a ocho personas más por el caso conocido como el "Cementazo".
Además, el Ministerio Público acusó a la expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR) Paola Mora Tumminelli, así como a cinco personeros de esta entidad bancaria de apellidos: Ramírez Rodríguez, Víquez Lizano, Barrantes Campos, Corrales Barboza y Acuña Alvarado.
Dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica (propiedad de Bolaños), de apellidos Cortés Zúñiga y Rojas Segura, también fueron acusados.
A estas personas se les acusa por el supuesto delito de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, captación indebida de manifestaciones verbales e influencia en contra de la hacienda pública.
“Dicho requerimiento conclusivo fue notificado el lunes 11 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Banco de Costa Rica (BCR). Ambas instancias se encuentran dentro del plazo de la ley para informar si presentarán una acusación particular (querella), y si recurrirán o no a una acción civil resarcitoria, con la que reclamarían un monto económico por los daños y perjuicios sufridos”, señaló el Ministerio Público.
Los hechos por los que se les acusan se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito en el BCR ($30 millones), para Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado por Cortés y Rojas.
“Según la investigación, dicho crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco”, indicó el Ministerio Público.
Al parecer, el desembolso de los fondos públicos habría sido en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños.
La Fiscalía también reveló que el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.
Una vez que la Procuraduría y el BCR devuelva el expediente al Ministerio Público con sus gestiones, será analizado y remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio.
Posición del BCR
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Código Procesal Penal, no podemos referirnos al caso que describe el expediente 16-000013-0033-TP, debido a que la etapa en la que se encuentra la causa penal es confidencial, lo que nos impide referirnos ni hacer comentarios sobre la actuación del Ministerio Público.
“Como siempre lo ha realizado, el BCR se mantendrá colaborando con las autoridades en el proceso respectivo y ha puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el desarrollo de la investigación”, dijo el BCR.
Sobre la posibilidad de presentar una querella y acción civil resarcitoria, la entidad dijo que sus abogados se encuentran valorando las acciones por tomar.