POR Álvaro Sánchez | 24 de octubre de 2023, 7:31 AM

El Ministerio Público abrió este martes una investigación por el aparente faltante de ¢2.000 millones de la bóveda del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), que trascendió la noche anterior.

La causa se inició de oficio, a partir de informaciones publicadas por la prensa, confirmó el fiscal general Carlo Díaz ante consulta de Telenoticias.

"Esta información la hemos recibido a través de los medios y vamos a iniciar en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la pesquisa que corresponde", señaló Díaz.

Posterior a esas declaraciones, la oficina de prensa del Ministerio Público detalló a este medio que la causa se tramita bajo el expediente 23-000369-1218-PE.

La sumaria está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y se sigue contra ignorado; es decir, de momento no se tienen sospechosos individualizados.

Dicho despacho persigue un presunto peculado, que se entiende como la sustracción y la distracción de dineros cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiadas en razón de su cargo. Este se sanciona con entre 3 meses y 2 años de prisión, según el artículo 361 del Código Penal.

Por esta causa, el Ministerio Público solicitará una serie de diligencias a la Policía Judicial.

El fiscal mencionó que, como parte de las actividades pendientes, es posible que se solicite a la entidad financiera información sobre la pesquisa interna que anunció el lunes, luego de que el sitio de noticias AMPrensa informara de esta posible sustracción.

De hecho, es en el marco de ese procedimiento administrativo que el Nacional anunció la suspensión de cinco de sus empleados, cuyos nombres y cargos se desconocen hasta el cierre de esta publicación.

"Por el momento, la institución no puede ofrecer mayores detalles sobre el caso hasta que concluya la investigación interna. Una vez finalizada, se comunicarán oportunamente los hallazgos y se tomarán las medidas que correspondan", señaló la entidad financiera.

El banco descartó que el caso afecte las cuentas bancarias de sus clientes, sus productos y servicios. También rechazó que afecte la solidez o solvencia de la institución.

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