Disputas territoriales indígenas marcan alarmante aumento de violencia en los últimos años

Las disputas territoriales indígenas han aumentado preocupantemente en la Zona Sur del país en los últimos años; de 2010 a la fecha se incrementaron las amenazas de muerte, quemas de casas y hasta de cultivos.

Gustavo Oreamuno, defensor de los derechos humanos indígenas y vocero de la Lucha Sur-Sur (organización de pueblos originarios indígenas) apunta que, según un informe elaborado por la organización que representa, durante el 2020 se registraron 86 incidentes en los territorios indígenas, mientras que en 2021 hubo 63. Aunque todavía no cuenta con la cifra para 2022, Oreamuno sospecha que rondará los 100 casos.

¿Cómo se origina la problemática?

Fue en 1977 cuando los diputados de la Asamblea Legislativa emitieron la Ley Indígena de Costa Rica (N.º 6172) la cual regula la identidad, la organización y el territorio de los pueblos indígenas.

A partir de esa fecha, muchos ciudadanos no indígenas compraron y se adueñaron de terrenos que no les correspondían según lo establecido por la ley. El resultado ha desencadenado muchos años de tensiones radicales que se intensificaron en las últimas dos décadas.

Oreamuno asegura que aun después de que entrara la ley en vigor, se siguieron ocupando territorios ilegalmente por parte de finqueros.

“En varios territorios se dieron recuperaciones de tierra porque la gente indígena comenzó a declarar sus derechos. Sin embargo, es hasta el 2010 cuando se comienza a dar con mayor fuerza el nuevo proceso de recuperación que inicia en Salitre, pero ahora se ha extendido a otros territorios como Térraba, Cabagra y China Kichá.

“La reacción ha sido muy violenta por parte de un grupo de finqueros de Buenos Aires y Pérez Zeledón, porque los grupos indígenas y sus organizaciones iniciaron con la recuperación que por derecho les corresponde”, dijo Oreamuno.

Las agresiones entre indígenas y no indígenas ya han cobrado la vida de varios líderes, como Sergio Rojas en 2019 y Yehry Rivera en 2020; este último caso ya se encuentra en juicio, el cual inició este lunes 23 de enero en los Tribunales de Pérez Zeledón. El principal sospechoso del homicidio reconoció su autoría en el crimen durante un evento público en Buenos Aires, Puntarenas, en agosto de 2022.

​​Además de las disputas territoriales, las autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio Público aseguran que han recibido todo tipo de denuncias que incluyen tentativas de homicidio, quemas de casas, cultivos, cosechas, agresiones con armas blancas y de fuego y amenazas de muerte.

“De acuerdo con los números de la Lucha Sur-Sur, durante el 2020 al menos 24 personas indígenas de la Zona Sur tenían amenazas de muerte por estos conflictos de lucha de tierras. Los indígenas involucrados son de la etnia Bribri, Cabécar, Térraba, Boruca y Rey Curré”, agregó Oreamuno.

Así las cosas, se podría decir que en esta región del país todavía se registran invasiones de territorios e incluso se incurre en ventas ilegales de propiedades indígenas que se han convertido en el “pan de cada día”, señala Oreamuno, quien a la vez asegura que precisamente por estos hechos es que se debe visibilizar la lucha de los pueblos indígenas por la recuperación de estos terrenos como parte de un esfuerzo que está amparado por la ley.

La Ley 6172, en su Artículo 3º señala lo siguiente:

“Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”.

Además, con respecto a la ocupación de las tierras indígenas por personas no indígenas, el Artículo 5º de dicha ley destaca lo siguiente:

“En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO (Instituto de Tierras y Colonización) deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones.

“Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas). Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”.

Sin embargo, Gustavo Oreamuno considera que a pesar de que la ley pretende respaldar y proteger a los pueblos indígenas, la deuda por parte de los gobiernos durante todos estos años de lucha es histórica.

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