POR Luis Jiménez | 12 de junio de 2024, 9:23 AM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó múltiples allanamientos en diferentes partes del país para desarticular una banda de abogados sospechosa de falsificar documentos de carros para venderlos a agencias de vehículos.

Este miércoles por la mañana la Policía Judicial intervino seis casas y una oficina en los sectores de Katira de Guatuso, en Alajuela; Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste; Pococí en Guápiles; Tirrases de Curridabat, Zapote y Santa Bárbara de Heredia, y en Escazú en San José (oficina).

A estas personas se les relaciona con cuatro casos ocurridos entre los meses de julio y agosto del año 2023. 

“Los sospechosos, por medio de la utilización de poderes y documentos falsos, habrían vendido cuatro carros en dos ventas de autos ubicadas en Heredia, siendo que, se determinó por medio de las pericias realizadas que tres de esos carros habían sido robados en Heredia, Alajuela y Batán, mientras que el cuarto vehículo no se pudo determinar su procedencia, ya que tenía las señas y marcas no legibles.

“Estas personas también habrían utilizado documentos falsos, con los que solicitaron a la institución encargada de brindar las placas de vehículos, la sustitución de placas, mismas que en apariencia le colocaron a los carros robados y vendidos en las ventas de autos en Heredia”, indicó el OIJ.  

La investigación también determinó que tanto el derecho de circulación, como el documento de revisión técnica de esos cuatro carros, eran falsos, ya que los vehículos habían sido robados por el método del descuido o bajonazo.

El perjuicio económico de los propietarios de esas dos ventas de vehículos asciende a más de 63 millones de colones por la compra de los cuatro carros.

Durante la diligencia policial se decomisaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, computadoras portátiles, documentos de importancia para el caso y municiones para arma de fuego.

Los detenidos son tres hombres de 31, 39 y 63 años, y una mujer de 44, quienes ahora figuran como sospechosos de los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa. Tres de estas personas son abogados notarios, mientras que la otra es un particular. 

Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.

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