Así quedaron las medidas cautelares contra investigados por caso “Cochinilla”

Este lunes, el Poder Judicial dio a conocer la resolución de recursos de apelación del expediente 19-25-1218-PE, conocido policialmente como caso "Cochinilla".

En la resolución fueron resueltos unos 30 recursos, presentados en contra de dos resoluciones judiciales emitidas por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial.

El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública acogió el recurso de apelación del Ministerio Público sobre las medidas cautelares de los investigados Mélida Solís, dueña de la empresa H. Solís, y Carlos Cerdas, dueño de MECO, quedando vigente la prisión preventiva de cuatro meses para ambos. 

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Estos empresarios fueron los únicos que tuvieron un cambio en las medidas cautelares, ya que en un principio se les había fijado una fianza de cinco millones de dólares para Cerdas y de tres millones de dólares para Solís, las cuales se anularon y ambos ingresaron de nuevo a un centro penitenciario.

Según indicó el Ministerio Público este lunes, contra los empresarios también rige la medida cautelar de no realizar contrataciones con el Estado.

Además, contra otros 16 imputados se mantienen vigentes las siguientes medidas cautelares: no acercarse a los testigos de la causa al menos a 500 metros, firmar una vez al mes y prohibición de salir sin autorización del país.

Contra los demás investigados que ostentan un puesto en la función pública se solicitó la suspensión del cargo y, en relación con quienes no son funcionarios, se pidió ordenar la prohibición de realizar contratos con la administración pública. 

Los funcionarios públicos que deben de cumplir con estas medidas son los identificados como de apellidos Chaves Mora, Rojas Monge, May Cantillano, Zamora Zamora, Rodríguez Araya, Sánchez Castro, Rivera Campo, Quesada Pérez, Ortiz Vega, Lobo Bejarano, Monge Hernández y Ureña Villalobos.

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Además, las mismas medidas las deben de cumplir dos exfuncionarios públicos de apellidos Quesada Aguirre, Solís Vargas y dos trabajadores de empresas privadas identificados como Bonilla Guillén y Castro Rodríguez.  

Contra uno de los investigados, de apellido Arce, la jueza le había dictado monitoreo electrónico con tobillera.

Todas estas personas que no tuvieron cambio de medidas cautelares son investigadas por supuestos actos de corrupción, entre estos, pagar y recibir sobornos a cambio de beneficios en procesos de contratación de obras viales. 

Al parecer, serían culpables por la presunta comisión del ilícito de cohecho y otros en perjuicio de los deberes de la función pública.