Jorge Rodríguez, abogado del exgerente general de Coopeservidores, Óscar Hidalgo, aseguró a Telenoticias que la investigación de la Fiscalía es deficiente y que nunca debieron realizarse los allanamientos.
Cuatro de los imputados, a quienes les habían solicitado prisión preventiva, quedaron en libertad.
El primero en quedar libre este sábado fue Hidalgo. El Juzgado Penal le impuso como medidas cautelares firmar de forma periódica en un despacho judicial y el impedimento de salida del país.
Para el abogado defensor, el accionar de la Fiscalía ha sido deficiente, ya que no se ha enfocado en lo que considera es lo más urgente: recuperar el dinero.
Hasta ahora, lo que ha hecho el Ministerio Público ha perjudicado a los inversionistas, ya que los bienes sustraídos por los empleados no han recibido la atención necesaria. "Los delitos funcionales producto de la administración de la cooperativa deberían quedar en un segundo plano; aquí se debe seguir la ruta del dinero para recuperar los fondos de los inversionistas", añadió el abogado.
También criticó el tratamiento violento durante los allanamientos, los cuales considera que no se tuvieron que haber realizado del todo.
Algunos de los imputados ya estaban identificados en el expediente y visibles para la Fiscalía, pero el allanamiento se realizó como si fuera un caso de crimen organizado. "Hubo puertas y portones forzados, menores de edad encañonados, y la situación fue muy delicada", comentó el abogado.
Finalmente, indicó que el juez hizo lo acertado al dejar a su cliente en libertad.
"Se hizo justicia. Don Óscar, desde el inicio de la intervención, ha sido transparente con el Ministerio Público. Él tomó la decisión de denunciar a muchos funcionarios de Coopeservidores que distrajeron bienes de la cooperativa, lo que ha impedido cumplir con los inversionistas. Don Óscar siempre va a defender la cooperativa, siempre va a dar la cara por los inversionistas y por este proceso, y enfrentará lo que sea necesario porque es un hombre de moral y principios, y el juez hizo justicia", expresó su abogado.
El Ministerio Público investiga la presunta administración fraudulenta y estafa mayor. Supuestamente, varios de los imputados, aprovechándose de su cercanía familiar y de conflictos de interés, utilizaban empresas que supuestamente recuperaban cartera crediticia para desviar dinero de Coopeservidores.